Foto: Archivo referencial
La muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez el pasado 9 de septiembre desencadenó un proceso disciplinario en contra de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes son investigados por presunto homicidio violento de este ciudadano en la ciudad de Bogotá. La decisión final se conocería la próxima semana.
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En el correr de la audiencia del pasado jueves, el procurador Hernán Cuellar, delegado para la Fuerza Pública, escuchó las conclusiones de los respectivos abogados de los dos expatrulleros y de la defensa de la familia del estudiante fallecido, siendo este último el encargado de proponer que la decisión final sea la más contundente en contra de los presuntos asesinos de Ordóñez.
El llamado del abogado Yeison Cárdenas, representante legal de las víctimas, se hizo para que la Procuraduría General de la Nación pueda imponerle la pena más alta posible a los exuniformados de la Policía Metropolitana, pues considera que con esta decisión se podrían reivindicar los derechos de los familiares de Javier.
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Así mismo, Cárdenas reconoció que lo sufrido por el pariente de sus defendidos puede tipificarse como “una paliza miserable y brutal”, además de rechazar que los expatrulleros sindicados por asesinato y tortura no deberían desvirtuar lo sucedido a través de argumentos en contra de Javier Ordóñez.
Cuando llegó el momento de intervenir para los respectivos abogados de los expolicías, cada uno se encargó de defender individualmente a los exuniformados, inclusive, utilizando argumentos de sus defendidos para “tirarse la pelota” de un lado para otro. Pues Lloreda asegura que él actuó en legítima defensa cuando utilizó su taser.
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Mientras que el señalamiento por parte de Rodríguez, quien habló a través de su apoderado, fue contundente para deslegitimar las acusaciones en su contra por una presunta actuación violenta en contra del estudiante Javier Ordóñez.
