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En las últimas horas, entregaron nuevos resultados de las investigaciones que adelantan los entes de control en el país, velando para que durante el período de emergencia nacional ocasionado por el coronavirus, no se presenten actos de corrupción de los funcionarios públicos y personas naturales.
Por parte de la Fiscalía General de la Nación, se informó que serán 10 los mandatarios locales a quienes les imputarán cargos por múltiples delitos relacionados con la presunta corrupción que se ha cometido en el interior de sus poblaciones. Del mismo modo, se solicitará la medida de aseguramiento para cada uno de ellos.
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Estos son los 10 mandatarios que recibieron el llamado que nadie espera, por parte del organismo de control, en cabeza del fiscal general, Francisco Barbosa:
- Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.
- Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.
- Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.
- Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.
- Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.
- San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.
- San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.
- Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.
- Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.
- Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.
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Del mismo modo, se informó que de los diez implicados en los presuntos casos de corrupción, los alcaldes de Guaduas y Palocabildo ya fueron capturados. Entre los delitos que deberán afrontar se encuentran la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.
Por su parte, habrá llamado a interrogatorio a tres alcaldes: Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo, Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa, Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez. Mientras que se les imputarán cargos a 23 contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos.
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Dentro del panorama de “Transparencia por la Emergencia”, desde la Fiscalía reconocieron que existen 68 indagaciones abiertas en contra de mandatarios, contratistas y demás funcionarios que presumen acciones bajo la influencia de la corrupción durante la pandemia.