A finales de 2017, fueron recibidas siete denuncias de personas investigadas por diferentes conductas relacionadas con asuntos económicos y financieros, que alertaron sobre presuntas presiones y exigencias de dinero a cambio de favores judiciales.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con apoyo del grupo de policía judicial, verificó la información y constató que Carlos Eduardo Arévalo Rivera, un investigador del CTI adscrito a la Unidad de Orden Económico, Derechos de Autor y Otros de la Seccional Bogotá, sería la persona relacionada con el caso reportado.
En las indagaciones se pudo establecer que el funcionario, presuntamente, contactaba a diferentes investigados por el despacho al que estaba asignado, los citaba a un restaurante ubicado en un centro comercial del occidente de Bogotá y les pedía entre $5’000.000 y $30’000.00 a cambio de decisiones judiciales favorables como preclusiones, inhibitorios, cambio de fiscal o reasignaciones de procesos.
Por estos hechos, Arévalo Rivera fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá. El fiscal de conocimiento le imputó cargos por el delito de concusión y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual fue aceptada.
A la cárcel fue enviado Carlos Eduardo Arévalo Rivera, servidor del #CTI de la #Fiscalía en #Bogotá, señalado de pedir en entre 5 y 30 millones de pesos a investigados para favorecerlos en sus procesos. Deberá responder por el delito de concusión #BolsillosDeCristal pic.twitter.com/skzFayAruV
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 5 de mayo de 2018
