Dura advertencia de la Procuraduría sobre el relleno sanitario Doña Juana

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La Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia sobre la reciente decisión de la Alcaldía de Bogotá con la que le dió vida útil al relleno sanitario Doña Juana por más de 30 años. 

El respecto, el ministerio Público envió una carta a la Alcaldía de Bogotá, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en la que destaca cuatro puntos sobre los impactos sanitarios y ambientales derivados de tres factores:

  • La deficiente operación del Relleno Sanitario
  • La disposición de residuos por fuera del área licenciada
  • La  proyección de alcanzar la cota de disposición autorizada en 4 años

Según la Procuraduría esto requiere el despliegue de planes de acción, procesos sancionatorios y medidas definitivas para afrontar estas problemáticas, de manera urgente.

El ente de control pidió que agilicen los procesos sancionatorios por los posibles impactos al medio ambiente y a las comunidades, así como por las  deficiencias en la operación del relleno que deriven en una ineficiente prestación del servicio público. 

Recordó la existencia de carencias en el sistema de tratamiento de lixiviados y en la recolección y evacuación de gases, deficiencias derivadas de la construcción y operación del relleno que han generado inestabilidad de la masa de residuos y su derrumbe en dos ocasiones. 
 
Por eso recomendó a las autoridades definir un cronograma detallado de optimización de la Planta de Tratamiento de Lixiviados, para cumplir con los parámetros normativos de vertimientos; adelantar actividades de alto impacto en el fomento a la reducción, recuperación, reciclaje y reúso de los residuos; determinar el manejo que se dará a los residuos sólidos producidos en Bogotá luego del vencimiento de la licencia ambiental y desarrollar las obras y actividades requeridas en aras de alcanzar un adecuado funcionamiento del relleno sanitario.  
 
Solicitó además presentar a este ente de control los planes de acción (con indicación de actividades, tiempos, responsables y recursos) e ir aportando las constancias de cumplimiento de las actividades culminadas, según las competencias constitucionales y legales.