La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al contralor de Boyacá, Pablo Augusto Gutiérrez Castillo, y a ocho miembros de la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de la entidad, por presuntas irregularidades en la destinación de recursos públicos e indebida contratación para el viaje de 82 funcionarios a Panamá, cuyo costo superó los $137 millones.
El órgano de control endilgó cargos al contralor, como presidente de la junta directiva del fondo; al secretario general de la entidad, Enrique Monroy Pachón; a la directora Administrativa, Luz Ángela García Galindo; a la subdirectora Financiera, Presupuestal y Contable, Mónica Yasmith Buitrago; al jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Orlando Jeremías Rivera; al director Administrativo, Jorge Luis Rodríguez Vega; a Yaneth López Pulido y Adolfo Quintana, quienes actuaron como representantes de los empleados, y a María Stella Rondón como líder del COPASST, todos miembros de la junta directiva del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría.
Para la Procuraduría, los disciplinados habrían desconocido los principios que regulan la contratación estatal, al suscribir un Acta en la que se autorizó contratar el viaje a Panamá para 82 funcionarios, como una actividad de bienestar e integración de la planta global de la Contraloría.
En el primer cargo, el órgano de control reprochó a los funcionarios por permitir el uso de recursos públicos en actividades no contempladas en el programa de bienestar laboral de la Contraloría, así como la contratación de la actividad realizada entre el 3 y 5 de marzo de 2018, sin el cumplimiento de los requisitos previos establecidos en la ley y el uso de la modalidad contractual de forma indebida, violando, al parecer, los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad.
