La Defensoría del Pueblo denunció que el río Atrato, en el departamento del Chocó, es utilizado como una cloaca en la que se vierten residuos químicos de la minería ilegal y restos sólidos.
Así lo constataron funcionarios de la entidad que durante diez días recorrieron los municipios de Medio Atrato, Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Turbo, ubicados en la cuenca del río, el tercer más navegable después del Magdalena y el Cauca.
“Este ecosistema y las connotaciones culturales que representa para las comunidades se encuentra gravemente amenazado por diferentes factores como el uso de cloaca que se le está dando”, dijo la delegada de la Defensoría para los derechos Colectivos y del Ambiente, Sandra Lucía Rodríguez Rojas.
La funcionaria detalló que hay cementerios que están a la orilla del río generando contaminación y que en algunas poblaciones se desarrollan actividades extractivas de gran impacto.
El río tiene un curso de casi 720 kilómetros, 560 de los cuales son navegables para embarcaciones de hasta 200 toneladas, y desemboca en el golfo de Urabá, en el Océano Atlántico.
La Defensoría señaló que uno de los temas más delicados es que el río Atrato está contaminado desde su nacimiento en el municipio de Carmen del Atrato hasta su desembocadura.
Lo anterior debido al “vertimiento de mercurio, cianuro y otras sustancias químicas, así como de combustibles y lubricantes”, materiales que son utilizados en la minería ilegal.
Además, la entidad resaltó que solamente el municipio de Medio Atrato cuenta con una disposición técnica de los residuos sólidos.
“Aunque autoridades de algunas localidades manifestaron que cuentan con celdas transitorias, en las visitas se pudo evidenciar que no son más que ‘botaderos a río abierto’ y que ninguno cumple con las normas técnicas para su operación, situación que está contribuyendo a deteriorar la sostenibilidad del recurso”, apostilló la Defensoría.
Una de las poblaciones más afectadas es la del caserío de Bocas del Atrato, del municipio de Turbo, donde desemboca el río, que recibe toda la contaminación de los municipios que están río arriba.
También contribuye a la destrucción del Atrato la deforestación “haciéndose flagrante de la violación de los derechos de las comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas para las cuales el río está indisolublemente relacionado con su vida, pues sus acciones cotidianas se desarrollan allí”.
Este preocupante panorama se recrudece por la presencia de actores armados ilegales que desarrollan economías ilícitas como extracción de minerales, narcotráfico, tala ilegal de bosques y praderización, entre otras, informa Efe.
Pese a que en diciembre de 2016 el Atrato fue reconocido por la Corte Constitucional de Colombia como sujeto de derechos, hay “omisión de las autoridades municipales para garantizar el derecho humano al agua y los alcaldes se escudan en el desconocimiento, la falta de recursos y la consecuente incapacidad para actuar”.
