La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú.
Imágenes del Canal N de televisión mostraron cómo Keiko fue detenida tras acudir al tribunal para ser interrogada en el marco de una investigación por presunto lavado de activos junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito, quien no fue arrestado.
El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido de la fiscalía y ordenó una “detención preliminar” durante diez días junto a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y presuntos intermediarios en aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Keiko.
La resolución judicial detalló que la decisión se tomó por la “evidencia grave (de) peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)”.
Agregó que esa presunta organización criminal “tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.
La abogada de la política, Giuliana Loza, confirmó la detención de la líder opositora y dijo que se trata de “una resolución arbitraria y abusiva”, porque su defendida había acudido al tribunal en “estricto cumplimiento” de las órdenes judiciales.
“Es una resolución que no tiene sustento alguno, sin argumento alguno”, enfatizó en declaraciones al Canal N, antes de agregar que es “una medida sin fundamento” porque se basa en que Keiko es la líder del partido Fuerza Popular.
Dijo, además, que se están “cumpliendo con los trámites reglamentarios” de la orden de detención, que implica el traslado de Keiko al local de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, en el centro histórico de Lima.
Keiko y Vito son investigados por lavado de activos por los aportes económicos recibidos a sus campañas electorales de 2011 y 2016, que incluyen ingresos por supuestos cócteles y financiación irregular por parte de Odebrecht.
