El Gobierno Nacional sumará la próxima semana diez drones a la flota tecnológica que usa para erradicar cultivos de coca en el país, que el año pasado aumentaron casi un 19 %, informaron hoy fuentes oficiales.
Los drones pueden trabajar sobre tres hectáreas cada hora y el costo de su operación es de 600.000 pesos por cada una de ellas, mientras que, si lo hicieran con avionetas, el valor asciende a 1,8 millones de pesos.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo a periodistas en la base de la Policía de San Luis, municipio del departamento del Tolima, donde se realizó una demostración de los drones, que con esta tecnología se reduce el daño medioambiental.
“Tenemos en estos drones la mitad de la concentración de veneno que se usaba en los aviones, esa aspersión se hacía con alrededor del 45 % de la mezcla con glifosato puro, acá hablamos de algo menos de 25 % de la mezcla”, agregó Villegas.
Añadió que también se aumenta la seguridad de los uniformados de la fuerza pública y erradicadores porque los cultivos de coca “tienen frecuentemente” minas antipersonal sembradas en sus alrededores.
Los drones, que tienen un valor de entre 15.000 y 30.000 dólares, se emplearán desde la próxima semana en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y en algunas zonas rurales de Meta.
Esta nueva tecnología se suma al vehículo “La Oruga” que presentó la Policía en abril pasado con el que la institución trabaja en la erradicación de cultivos de coca en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño.
Con estos elementos, Villegas agregó que el Gobierno pretende cumplir la meta establecida en el plan quinquenal 2018-2023 establecido con Estados Unidos para la erradicación de cultivos.
Las anteriores medidas se suman a otras tomadas por el Gobierno como la sustitución voluntaria, que según el presidente Juan Manuel Santos ha sido adoptada por más de 100.000 familias, y una “especie de amnistía” para los pequeños productores, informa Efe.
El pasado 14 de junio el ministro reconoció que el total de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos en el país suramericano creció un 18,81 % el año pasado respecto a la cifra registrada en 2016.
