Al resolver un caso de un sacerdote, que se había negado a ser jurado de votación en las pasadas elecciones, al justificar que debía oficiar una misa y por tanto no podía cumplir con el llamado de la Registraduría, la Corte Constitucional se pronunció.
Según el alto tribunal, “el cumplimiento del deber ciudadano de prestar el servicio de jurado de votación no implica una carga desproporcionada ni lesiva del libre ejercicio de las creencias religiosas”.
Además, aseguró que el cumplimiento de este “constituye una condición indispensable para el funcionamiento del sistema democrático”.
Por otra parte, la Corte hizo un llamado a la Registraduría por no haber ofrecido al acredite alternativas entre jurados de votación principales y suplentes, como los seála el artículo 5 de la ley 163 de 1994.
