La corrupción sistémica en Latinoamérica ha perdido la fuerza de su sustento, la impunidad, tras el caso Odebrecht, que durante el año que acaba ha llevado ante la Justicia a decenas de empresarios, políticos y gobernantes.
Los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por cientos de millones de dólares ha revelado como realidad patológica crónica la corrupta connivencia de las estructuras públicas y privadas de poder en Latinoamérica.
La Justicia, la prensa y diversos órganos de representación social nunca antes habían reaccionado en Latinoamérica de manera tan conjunta y contundente ante una situación como la suscitada por Odebrecht, quizás solo comparable al narcotráfico por su toxicidad política, dimensión y alcance continentales.
El ejemplo más notable de magnitud política del proceso Odebrecht es el de Perú, donde, entre otras muchas personalidades, están implicados, investigados, acusados o encarcelados todos los presidentes de la república que sucedieron a Alberto Fujimori (1990-2000), quien, por cierto, cumple condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, reporta Efe.
Alejandro Toledo, inmediato sucesor de Fujimori, se encuentra en Estados Unidos huido de la Justicia peruana, que ha pedido su extradición bajo la acusación de haber recibido de Odebrecht un soborno de 20 millones de dólares cuando era presidente de la república (2001-2006).
