El brote de violencia en San Andrés de Tumaco, segundo puerto de Colombia en el Pacífico, donde el Gobierno ordenó el relevo de más de un centenar de policías, revela la magnitud del desafío que tiene el Estado para consolidar la paz en las regiones donde proliferan los cultivos ilícitos.
Situado en la zona de frontera con Ecuador, Tumaco es desde hace décadas uno de los lugares con mayores índices de pobreza y de los más convulsos de Colombia por la presencia de grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas ilegales que, tras la firma de la paz con las Farc, se disputan los cultivos de coca y su privilegiada posición costera para diversas actividades ilícitas.
Por esa razón, diferentes organismos internacionales llevan meses advirtiendo de que la región de Tumaco es, junto con la zona del Catatumbo y los departamentos del Guaviare y el Cauca, todos con grandes extensiones de cultivos ilícitos, de los lugares de Colombia donde se pone a prueba el posconflicto.
La tensa calma en Tumaco se rompió el pasado jueves con la matanza de seis campesinos cocaleros que protestaban en un remoto punto llamado Tandil contra la erradicación de las matas de coca, hecho que inicialmente fue atribuido por las autoridades a una de las disidencias de las Farc.
Sin embargo, las primeras investigaciones y denuncias de los lugareños apuntan a miembros de la Policía como posibles autores de la matanza, por lo cual el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ordenaron hoy el cambio de 102 de los miembros de esa institución acantonados en Tumaco, el municipio de Colombia con mayor cantidad de hectáreas sembradas de coca, reporta Efe.
Analistas políticos consideran que la solución al problema de los cultivos ilícitos en Tumaco, y por extensión a otras regiones que viven una situación similar, como la del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, pasa necesariamente por un fortalecimiento del Estado y una inversión social maciza para mitigar los graves problemas de pobreza.
