Por medio de una carta, las disidencias de la guerrilla del EPL, más conocidos como ‘Los Pelusos’ le hicieron conocer que tenían la voluntad de iniciar diálogos con el Gobierno.
En medio del comunicado, el grupo ilegal le propone al mandatario una serie de condiciones como por ejemplo el que se le deje de considerar como una banda criminal.
Además solicitan “el desmonte del ESMAD, la despenalización de la protesta social; la abolición de las recompensas, el castigo a los agentes del Estado inmersos en falsos positivos, así como el cumplimiento de los compromisos firmados con las comunidades y sus organizaciones”.
A continuación el comunicado:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
Presidente de la República de Colombia L.C.
Cordial saludo.
El Mando Nacional, el cuerpo de oficiales y combatientes del Ejército Popular de Liberación hemos seguido de manera atenta y cuidadosa los últimos acontecimientos nacionales; mediante esta carta abierta que dirigimos a usted y a todo el pueblo colombiano, expresamos nuestra honda preocupación por el rumbo del país y los obstáculos cada vez mayores a superar en el logro de una paz con justicia social, que asegure la dignidad y el porvenir de millares de compatriotas.
Reconocemos en el análisis el agravamiento de la crisis económica, social y política del país, los fenómenos de corrupción y la situación calamitosa que se extiende en las más diversas regiones de la patria, expresa en los altos niveles de pobreza, informalidad y desempleo, el colapso de la salud, la extensión de los problemas de educación y vivienda, la desprotección del campo y la restricción de los derechos y libertades. Contrario a lo que se pregona, la realidad advierte además de los continuos incumplimientos del gobierno, el incontrovertible fracaso de sus políticas y en general, una actuación en contravía a la paz con justicia social que tanto anhelan los colombianos.
Hace unos meses el país conoció de los paros en el departamento del Chocó, el Distrito de Buenaventura, la paralización de las actividades en el magisterio, las protestas de los trabajadores estatales, y recientemente de los paros en los municipios antioqueños de Segovia y Remedios. El tratamiento de guerra que recibieron estos conflictos por parte del gobierno nacional, vistos en su alocada intransigencia, la estigmatización y la violencia del ESMAD, la policía y el ejército contra los pobladores y trabajadores inconformes, ha sido rechazada por numerosas organizaciones, incluso por la comunidad internacional, que no para en recibir las denuncias de las comunidades por las constantes violaciones del Estado a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Con la firma de importantes acuerdos que obligan al Estado a respetar y garantizar los derechos de las comunidades, el país conoció también del levantamiento de estos paros y protestas, que hoy nuevamente empiezan a prepararse dado el incumplimiento generalizado del gobierno y el mantenimiento de las políticas que siguen soportando el abandono, la exclusión y negación de los derechos y libertades de nuestras comunidades.
Los medios de comunicación han publicitado también los acuerdos firmados en el teatro Colón de la ciudad de Bogotá DC, por el gobierno nacional y las FARC-EP, convertidas hoy en partido político legal. La desmovilización y el desarme de las FARC-EP tuvieron también su registro, informando la disposición de esta organización a actuar dentro de los marcos de la ley y la institucionalidad.
Con todos los aplausos que ha recibido este proceso por parte del gobierno, las fuerzas de la Unidad Nacional y muchas otras organizaciones afines, llama la atención el sinnúmero de críticas y obstáculos que colocan a diario el Ejecutivo, el Congreso, las altas Cortes, la Fiscalía General de la Nación, los organismos de control, los viejos y nuevos partidos de la institucionalidad a la implementación de los Acuerdos firmados, así como su negativa a aprobar las tibias reformas que plantean estos Acuerdos. Lamentable, que luego de verificadas por las autoridades nacionales y la comunidad internacional la desmovilización y dejación de las armas por parte de las FARC-EP, así como su conversión en partido legal, el gobierno nacional mantenga el incumplimiento de los acuerdos firmados, no haciendo efectivas garantías mínimas como la libertad de los prisioneros de guerra, la suspensión de las órdenes de captura, la amnistía para los milicianos, entre otras medidas acordadas.
Al contrario de la paz que dice defender el gobierno, la no aprobación de ninguna reforma democrática o cambio de fondo que recoja el clamor nacional manifiesta, una vez más, la desidia y negativa del Estado, las clases y sectores que representa, a concretar cambios que abran paso a un nuevo país, en el que primen sin formalismos y en forma real y concreta los valores de la paz con justicia social, la soberanía, la participación, el bienestar y la libertad política.
Con el incumplimiento de los acuerdos firmados con las comunidades y la negativa a adelantar un proceso de paz que propicie la adopción de cambios de fondo en la vida nacional, es clara la decisión manifiesta del Estado y las clases dominantes en el país de continuar la guerra, aniquilar de la insurgencia como fuerza rebelde, escalando un conflicto económico, social, político y armado como el existente, que reclama en los diferentes rincones de la patria una democrática y profunda salida política.
Con la expectativa que reviste la firma del cese bilateral y temporal del fuego y hostilidades entre el gobierno y el ELN, compartimos en igual manera los llamados que en la actualidad realizan al gobierno las comunidades y organizaciones de derechos humanos respecto de la necesidad de cesar por completo los bombardeos indiscriminados, desmilitarizar los campos y ciudades, desmontar el ESMAD, el paramilitarismo y los falsos positivos, terminar con la erradicación forzada de los cultivos ilícitos, la criminalización de la protesta social, comprometiéndose a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Examinados en detalle los diferentes elementos de la coyuntura y recogidas las preocupaciones y llamamientos que realizan las comunidades donde tenemos presencia, el conjunto de mandos y combatientes del EPL seguimos reconociendo que la paz es y continúa siendo una aspiración viva de la mayoría de los colombianos. Consecuente con ello, hacemos nuestros sus llamados y reclamos, expresando con responsabilidad que nuestra vocación y lucha por el cambio es indeclinable; en ese sentido, declaramos nuestra disposición a discutir y encontrar las vías posibles para la terminación de la guerra y la conquista de una verdadera paz con justicia social.
En esa óptica saludamos los mensajes enviados por el gobierno que usted representa, a través de varios de sus funcionarios, en los cuales manifiesta su disposición a abrir un dialogo de paz con nuestra organización. En respuesta, de manera abierta y pública queremos expresarle que nuestra disposición de diálogo siempre ha sido verdadera; sólo que los hechos y la experiencia alcanzada en largos años de lucha, nos dice que las estrategias de guerra y la ausencia de garantías impuestas por el gobierno son las que han impedido que éstos se realicen de manera tranquila, propositiva, de cara al pueblo, y en una perspectiva que permita encontrar una clara y democrática salida política al conflicto armado que vive la nación.
Insistimos en garantías plenas para el diálogo, pues sin ellas, cualquier encuentro carecerá de la seriedad a la cual se aspira y no estará exento de los traumatismos propios de la guerra. Proponemos al gobierno nacional unas condiciones mínimas para el desarrollo de estos diálogos, que partan por establecer un cese bilateral del fuego y las hostilidades, con verificación internacional, en el cual sea claro el compromiso del gobierno nacional de cesar los bombardeos indiscriminados, desmilitarizar las zonas de conflicto, respetando sin excusa alguna los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, tal como lo han venido reclamando las comunidades.
En esa misma perspectiva demandamos del gobierno y el Estado colombiano la derogatoria de la Directiva del Ministerio de Defensa No 015 del 22 de abril de 2016 que nos califica como Bacrim, el desmonte del ESMAD, la despenalización de la protesta social; la abolición de las recompensas, el castigo a los agentes del Estado inmersos en falsos positivos, así como el cumplimiento de los compromisos firmados con las comunidades y sus organizaciones.
Una demostración clara y sincera de la voluntad expresa del gobierno de iniciar diálogos con nuestra organización comprende su declaración y compromiso expreso a no continuar con sus planes y acciones de guerra contra las masas y el conjunto de los combatientes populares, dignándose a rectificar su política de paz, cumpliendo los compromisos firmados, tanto con las organizaciones del pueblo, como con las organizaciones guerrilleras que han hecho expreso su compromiso de paz.
Insistimos en un diálogo de cara a la comunidad, que facilite la participación del Estado y todos sus estamentos, los partidos políticos, las organizaciones insurgentes, los sindicatos, las organizaciones sociales, las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones juveniles, y en general de todos los colombianos en la discusión de los problemas nacionales, especialmente de las causas y dimensiones del conflicto colombiano, las salidas y compromisos del Estado, las guerrillas y los diferentes actores en su superación.
Como rebeldes tenemos propuestas, en ese sentido estamos dispuestos a discutir y acordar con el gobierno una agenda mínima que destaque el delito político y el carácter beligerante de la guerrilla colombiana, las garantías para la participación popular en el debate nacional que proponemos, así como las salidas a los acuciantes problemas de la nación, como son el empleo, la salud, la educación, el bienestar social, el desarrollo productivo y tecnológico, la protección del campo, entre otros.
Instamos en igual manera al conjunto de la sociedad colombiana, al pueblo y sus organizaciones a marchar de manera unificada y decidida, exigiendo al gobierno la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que permita con la más amplia participación y representación del pueblo, las organizaciones y fuerzas vivas del país la aprobación de una Nueva Constitución Política, que siente las bases democráticas para las reformas y la paz con justicia social que reclama la nación entera.
Asumimos con seriedad y decisión este nuevo reto que nos demanda la historia y la causa libertaria por la cual han ofrendado su vida miles de combatientes populares y que hoy seguimos defendiendo junto al pueblo, que no se hinca para reclamar respeto a sus derechos, bienestar, soberanía y libertad política.
Aspiramos a que la apertura de estos diálogos, contribuya de manera positiva a dar salida política al conflicto, que tal como la sociedad entera lo reclama, pasa por el real y efectivo compromiso del gobierno en la solución de los grandes problemas y demandas del pueblo colombiano.
Señor Presidente, las respuestas a nuestras propuestas puede hacerla llegar a través de los emisarios o de los contactos que autoricemos para ello.
Cordialmente,
Mando Nacional
Ejército Popular de Liberación
