El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, lamentó el incumplimiento de 30% a la sentencia del Consejo de Estado que ordena el saneamiento del río Bogotá, y anunció que la Entidad desde junio trabaja en acciones disciplinarias para poner freno a estas omisiones.
El jefe del Ministerio Público exhortó a las 66 entidades condenadas a entregar la información sobre el avance al cumplimiento de las 141 órdenes, y aseguró que no admitirá ni un 1% de incumplimiento al fallo.
“No permitiremos que la indolencia siga matando el río”…”La protección de esta fuente hídrica no admite treguas ni plazos adicionales”.
Durante la audiencia pública “El río Bogotá renace”, en la que intervinieron 20 entidades entidades del orden nacional y 46 municipales, Carrillo Flórez sostuvo que tres años después de la sentencia del Consejo de Estado es hora de pasar “de los discursos a los resultados. O se sanea el río o vendrán las acciones disciplinarias”.
Sostuvo que “las decisiones de la justicia para salvar al río no pueden terminar convertidas en agua que se va por entre las manos de los funcionarios de la administración pública. Entidades que no estén al 100% en materia de cumplimiento, son entidades rajadas”.
El jefe del ente de control anunció que en noviembre se conocerían las primeras acciones disciplinarias de persistir la omisión de los entes territoriales del orden nacional o local.
Propuso aplicar un nuevo método de seguimiento, control y vigilancia a las órdenes de protección al río Bogotá con los siguientes ejes temáticos: estructuración de gestión contractual y proyectos transparentes y eficientes; seguimiento y control eficiente a los generadores de vertimientos, y cumplimiento de la función de policía administrativa a todos los niveles.
Además, planteó innovación tecnológica en el uso y reutilización de materias contaminantes, reconocidos a escala mundial y con bonos por reducir sustancialmente los parámetros admisibles de contaminación. Desarrollo regional sostenible con cultura, educación y ética (planeación institucional y Planes de Ordenamiento Territorial – POT), y aseguramiento de los acuerdos interinstitucionales y una red de control social con expertos, universitarios y comunidad.
Por último, resaltó el anuncio de las últimas horas de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca para la construcción de la Planta de Tratamiento que permitirá sanear el río Bogotá, pero llamó la atención para que exista vigilancia en la adjudicación de estos contratos y no se repitan experiencias como la de Odebrecht, vinculada a un escándalo internacional de corrupción, que en un Tribunal de Arbitramento logró un beneficio de más de $10.000 millones por cuenta del contrato de construcción del intersector Tunjuelo – Canoas, que tuvo un valor superior a los $243.000 millones.
Durante la audiencia, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, hizo una radiografía completa sobre el avance del trabajo de cada una de las 66 entidades objeto del fallo del Consejo de Estado, identificando adelantos y omisiones.
A su turno, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, comparó la orden de saneamiento al río Bogotá con la sentencia de la Corte que ordenó la protección al río Atrato como sujeto de derechos, y aseguró que por esta vía de ahora en adelante esta jurisprudencia se deberá entender “no como un amor platónico a la madre naturaleza, sino como un mandato constitucional”.
