Los fiscales y procuradores generales de los países miembros y asociados del Mercosur rechazaron hoy la destitución “ilegal” de su homóloga venezolana, Luisa Ortega, y afirmaron que desconocen la autoridad de su sustituto, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
En una declaración conjunta, los fiscales señalaron que la “destitución ilegal” de Ortega es “un claro atentado a la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano”.
En consecuencia, “los ministerios públicos de los Estados parte y asociados del Mercosur no reconocen la autoridad de una institución encabezada por autoridades ilegal y arbitrariamente designadas”.
Ortega insistió que aún sigue siendo la fiscal general de Venezuela y señaló que su remoción fue ordenada el sábado por el Ejecutivo a la recién instalada Asamblea Constituyente, un órgano que ella considera como “ilegítimo”.
La declaración conjunta consideró “la suspensión de Venezuela del Mercosur por violación de la cláusula democrática prevista en el Protocolo de Ushuaia“, tomada el sábado por los cancilleres del bloque reunidos en Sao Paulo.
“La destitución de la fiscal general de Venezuela representa una violación de la regla 4 de los principios rectores relativos a la función de los magistrados del Ministerio Público”, aprobados por las Naciones Unidas en La Habana en 1990, apuntó el comunicado, reseñó Efe.
Según ese principio, “los Estados deberán asegurar que los magistrados del Ministerio Público puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ninguna intimidación, obstáculo, coacción, interferencia indebida o exposición injustificada a la responsabilidad civil, penal o de otra naturaleza“.
“Con ese ilegal acto, se provoca un daño profundo al Estado de Derecho en especial en su faceta de administración de justicia, que afecta de manera directa a todos los habitantes de Venezuela, en tanto no tienen una institucionalidad autónoma e independiente que defienda los derechos fundamentales de víctimas e imputados”, citó.
