Más de 5,8 millones de fotomultas en Colombia podrían quedar sin validez luego de que la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte iniciaran investigaciones contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de detección automática de infracciones.
La decisión fue anunciada tras identificar posibles incumplimientos en los requisitos técnicos establecidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Según las autoridades, varios sistemas de fotodetección habrían operado sin contar con los permisos y certificaciones obligatorias.
El Gobierno Nacional informó que la investigación podría beneficiar a más de 1,4 millones de ciudadanos en el país, ya que millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 tendrían que ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes.
Fotomultas anuladas por fallas técnicas y legales
Uno de los principales hallazgos de las autoridades tiene relación con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología. Este documento es obligatorio para certificar que las cámaras de fotodetección cumplen con los estándares técnicos y ofrecen resultados confiables.
La Superintendencia de Transporte explicó que algunos organismos de tránsito iniciaron operaciones sin contar con esa certificación, mientras que otros utilizaron conceptos técnicos expedidos a terceros o los obtuvieron después de poner en funcionamiento los sistemas.
De acuerdo con el reporte oficial, 12 organismos habrían operado sin concepto de desempeño, siete utilizaron certificaciones que no correspondían directamente a sus sistemas y 18 comenzaron a imponer comparendos antes de obtener la aprobación técnica exigida por la ley.
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Ciudades con más fotomultas investigadas
Entre las ciudades incluidas en la investigación aparecen Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, además de otros municipios como Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario.
Cali figura como una de las ciudades con mayor número de comparendos cuestionados, con cerca de 2,7 millones de fotomultas. Medellín supera los 717 mil casos, mientras que Bogotá registra alrededor de 294 mil y Barranquilla más de 131 mil comparendos bajo revisión.
Las autoridades indicaron que en total fueron identificados más de 7,5 millones de comparendos emitidos mediante sistemas automáticos entre 2018 y 2024. De esa cifra, más de 5,8 millones continúan sin pago y tendrían que ser anulados de manera oficial.
Millonarias devoluciones por fotomultas
Otro de los puntos que más preocupa a las autoridades es el impacto económico derivado de las multas ya canceladas por los ciudadanos. Según la investigación, más de 1,5 millones de comparendos fueron pagados y representan recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.
En caso de confirmarse las irregularidades, los organismos de tránsito involucrados podrían verse obligados a realizar devoluciones millonarias a los ciudadanos afectados. El Ministerio de Transporte advirtió que el impacto total del caso podría superar los 2,1 billones de pesos.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que las fotomultas no pueden convertirse en mecanismos de recaudo que operen por fuera de los requisitos legales y técnicos. Según explicó, el objetivo es garantizar el debido proceso y proteger los derechos de los conductores.
Qué sigue tras la investigación por fotomultas
La Superintendencia de Transporte continuará adelantando las actuaciones administrativas para determinar la responsabilidad de cada organismo investigado. Dependiendo de los hallazgos, podrían imponerse sanciones económicas y medidas correctivas adicionales.
Las autoridades también deberán definir el mecanismo mediante el cual se realizará la revocatoria de los comparendos y las eventuales devoluciones de dinero a quienes pagaron multas emitidas bajo sistemas que no cumplían los requisitos legales.
Mientras avanza el proceso, el Gobierno insiste en que los sistemas automáticos de detección de infracciones deben operar bajo criterios de transparencia, legalidad y confiabilidad técnica para garantizar la seguridad vial sin afectar los derechos de los ciudadanos.
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