Alex Char, alcalde de Barranquilla, reveló el 19 de abril de 2026 que la Policía Nacional le informó sobre un plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia. El Gobierno Nacional activó sus organismos de inteligencia y ofreció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información que permita prevenir el ataque o capturar a los responsables.
El alcalde Alejandro Char denunció públicamente a través de su cuenta de X que recibió información de inteligencia sobre un plan orquestado por estructuras criminales para acabar con su vida. La denuncia se produjo el domingo 19 de abril de 2026, en medio de una semana de alta tensión política marcada por amenazas contra candidatos presidenciales y mandatarios locales. El mandatario barranquillero alertó que las extorsiones en Barranquilla registraron un aumento del 157 % en el último período, situación que vinculó directamente con los vacíos de la política de Paz Total del Gobierno Nacional.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó de inmediato y confirmó que activó los canales institucionales para atender el caso. Benedetti señaló que contactó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez; al director de la Policía Nacional; y al director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de esa institución, con el fin de activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y adoptar las medidas necesarias.
He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia.
— Alejandro Char (@AlejandroChar) April 20, 2026
Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional.
Hago un…
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se ordenó la activación de las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública, en coordinación con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP). El Gobierno rechazó de manera categórica cualquier amenaza contra líderes políticos y habilitó la línea 157 para recibir información bajo absoluta reserva.
La recompensa anunciada por el Gobierno asciende a hasta $1.000 millones de pesos por información que permita prevenir un posible atentado o capturar a los responsables de las amenazas contra el alcalde Alex Char. Las acciones se desarrollan de manera articulada entre las distintas entidades del Estado, según confirmaron fuentes oficiales.
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Alex Char y las reacciones políticas a las amenaza
La denuncia del alcalde Alex Char generó una ola de pronunciamientos entre mandatarios locales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su solidaridad y señaló que el Gobierno Nacional y toda la fuerza pública deben garantizar la seguridad del alcalde y de su familia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el plan revelado y apuntó que las amenazas estarían relacionadas con las denuncias que Char sostuvo sobre el impacto de la Paz Total en Barranquilla.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió que decenas de alcaldes recibieron amenazas de muerte en Colombia, lo que evidenció un deterioro generalizado de la seguridad en el territorio nacional. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), cuyo director ejecutivo es Andrés Santamaría, emitió un comunicado en el que calificó las amenazas como un ataque directo contra la institucionalidad democrática y exigió medidas urgentes por parte del Estado. El procurador general, Gregorio Eljach, también pidió avanzar con celeridad en la verificación de los hechos e implementar medidas de protección de manera inmediata.
Qué sigue para la seguridad de Alex Char y los mandatarios amenazados
En las próximas horas se esperó el refuerzo del esquema de seguridad del alcalde Alejandro Char y de su familia, mientras un grupo especial avanzó en las investigaciones para establecer el origen de las amenazas. Las alertas contra Alex Char se sumaron a las que también enfrentaron candidatos presidenciales como Iván Cepeda y Paloma Valencia, en un contexto de escalada de la violencia política en Colombia que obligó al Estado a poner en máxima alerta a sus organismos de inteligencia.
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