Además pidió convertir El Helicoide, señalado como un centro de “torturas” por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso una ley de amnistía general para “reparar las heridas” que ha dejado la confrontación política en el país suramericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
En el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las “próximas horas” presenten la ley ante la Asamblea Nacional, así como la “máxima colaboración” al cuerpo legislativo para su aprobación.
“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, añadió.
La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, señalada como un centro de “torturas” por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.
La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una “cámara de torturas” en la capital venezolana.
El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como un centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El lugar ha sido señalado como un centro de “torturas” por opositores y activistas defensores de derechos humanomientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos, una denuncia que ha rechazado el Gobierno venezolano.
