Entre los designados por el jefe de Estado están algunos de los más sanguinarios mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro, de nombrar como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares y aseguró que “ellos no son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz”.
Entre los designados por el jefe de Estado están algunos de los más sanguinarios mandos de las AUC, acusados de múltiples crímenes de lesa humanidad, una decisión que ha causado controversia en el país.
De esa lista hacen parte Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo, Carlos Mario Jiménez, y Hernán Giraldo Serna, este último considerado el mayor violador de mujeres y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La Defensoría del Pueblo recordó que entre los nuevos gestores “hay máximos responsables de los crímenes cometidos por el paramilitarismo, como crímenes de guerra y de lesa humanidad condenables, no solo en el ámbito interno sino en el internacional”.
Dudas sobre la utilidad de la medida
Marín señaló que aunque “parece positivo” que los jefes paramilitares “contribuyan a finalizar las guerras que subsisten en Colombia porque tienen una deuda enorme con las víctimas y la sociedad”, la decisión del Gobierno deja dudas.
“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, se preguntó la funcionaria.
Para la defensora del Pueblo es necesario tener en cuenta tres asuntos “para evitar que estas gestorías de paz sean usadas para posibles reincidencias”.
La primera tiene que ver con la “prevalencia de la justicia” y recordó que las garantías de no repetición del conflicto armado se reflejan en el cumplimiento de las penas por las que están presos.
“Es esencial que una decisión del Gobierno no deshaga lo que la justicia ha logrado”, aseguró.
Para Marín sería conveniente que los gestores desarrollen un plan de trabajo “muy preciso y público”, que pueda ser monitoreado para evitar cualquier riesgo que desvíe la labor que se les solicita.
Igualmente agregó que los gestores de paz deben “reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones en que no sean puestos simbólicamente en la posición de que están ‘ayudando’, sino en la de responsables que hoy se encuentran bajo estricta supervisión judicial”.
“Si queremos que quienes cometen crímenes hoy dejen de delinquir por los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado. Se los debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy”, cerró la defensora Iris Marín Ortiz.
EFE
