El Estado reconoció por primera vez tener responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, del movimiento guerrillero M-19.
El Estado reconoció por primera vez tener responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, quien fue candidato presidencial de la fuerza política creada a raíz de la desmovilización del movimiento guerrillero M-19, al que perteneció el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.
“Esta es una importante noticia para el país”, escribió este martes en X la senadora colombiana María José Pizarro, hija de la víctima, quien asistió a la audiencia sobre el caso celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
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El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) de Colombia, César Palomino Cortés, manifestó ante la CIDH: que está “probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado; particularmente, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que entre otras cosas eran responsables de su seguridad”.
Pizarro murió el 26 de abril de 1990 en un hospital a causa de los disparos que recibió a bordo de un avión en el que iba a viajar desde Bogotá a Barranquilla por parte de un sicario, Gerardo Gutiérrez Uribe alias “Jerry”, quien fue a su vez muerto por los escoltas del entonces candidato presidencial.
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En la audiencia, el Estado también reconoció la falta de garantías jurídicas. El proceso para dar con los responsables del asesinato sufrió dilaciones que afectaron “el derecho a la verdad de los familiares del señor Pizarro”, indicó Palomino Cortés.
Colombia espera que con este reconocimiento de responsabilidad puedan concertar con las hijas de Pizarro y los demás familiares otros caminos para su reparación integral y la recuperación de la confianza en la institucionalidad.
María José Pizarro manifestó hoy su satisfacción por este reconocimiento del Estado que llega “después de 34 años de lucha contra la impunidad”.
El Estado admite su responsabilidad “por las vulneraciones a los DDHH ocasionadas a las hijas, hijo y demás familiares; a nuestro derecho a la identidad y protección en tiempos de guerra, así como el derecho a la paz y a la democracia en Colombia”, subrayó la senadora por el Pacto Histórico, la coalición que gobierna en Colombia con Gustavo Petro al frente.
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“A mi padre no lo mató la guerra ni su pasado, lo mató el futuro y la decisión de apostarle a una candidatura presidencial, tras firmar la paz”, agregó.
Durante la audiencia habló también Laura García, que fue pareja de Carlos Pizarro y pidió “una reparación en todos los sentidos” para las familias de los izquierdistas asesinados extrajudicialmente en Colombia.
Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), hizo énfasis en que el último deseo de Pizarro como firmante del acuerdo entre el Gobierno y el M-19 era que la paz se hiciera posible.
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“Dado el contexto colombiano, solicitamos a la CIDH que tome en cuenta en su decisión los efectos que tuvo el homicidio de Pizarro en una sociedad que desde hace décadas se esfuerza en generar confianza para construir una paz estable y duradera para las actuales y futuras generaciones”, afirmó.
El M-19 fue el autor en 1985 de la Toma del Palacio de Justicia de Bogotá, donde mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, funcionarios judiciales, empleados y visitantes, que dio lugar a una operación policial y militar para recuperarlo.
Más de un centenar de personas murieron y una decena desaparecieron en las 28 horas transcurridas desde la toma a la recuperación de la sede judicial.
La CIDH celebra en Washington su 191 periodo ordinario de sesiones, durante el cual están previstas audiencias también por casos de El Salvador, Venezuela y Nicaragua, entre otros.
EFE
