La mitad del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado marcada por denuncias de corrupción.
Gustavo Petro, el primer presidente colombiano de izquierdas, ha roto todos los moldes en cuanto a la forma de gobernar, con una gran participación de los sectores populares y un estilo personalista que deja poco espacio para la crítica en sus primeros dos años de Gobierno.
“No se gobierna a distancia, alejado del pueblo y desconectado de sus realidades. Todo lo contrario, se gobierna escuchando”, dijo Petro en su discurso de investidura, el 7 de agosto de 2022, y desde entonces abrió las puertas de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, a los campesinos, afrocolombianos, indígenas y sindicalistas a quienes considera la base del “constituyente primario”.
Con los sectores populares, un puñado de expertos en diferentes áreas y unos amigos fieles e incondicionales que lo han acompañado desde sus tiempos en la guerrilla del M-19 o en su carrera política, Petro comenzó lo que llamó “el Gobierno del cambio”.
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“Lo que ha hecho el Gobierno en estos dos años es un planteamiento serio ante el país (…) Ese planteamiento ha tenido efectos positivos en el campo económico, en el campo social, en el avance de algunos aspectos del proceso de paz”, asegura el senador Iván Cepeda, que hace parte de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, que llevó a Petro a la Presidencia.
Según Cepeda, Petro “ha bajado sensiblemente la tasa de desempleo, ha logrado mantener el dólar en un precio estable (…) y le ha demostrado al país que se puede pasar de ser una economía que estaba excesivamente centrada en las ‘commodities’ a una economía que ha tenido avances como la reactivación del sector agropecuario”.
“También podríamos hablar de los logros sociales”, dice al recordar que el pasado 20 de julio Petro dijo ante el Congreso “que el año anterior habían salido, según cifras oficiales, 650.000 personas de la pobreza. Es un dato que pone a pensar sobre la eficacia del Gobierno del que se dice que ha sido ineficaz”.
Entre el centro y los amigos
Sin embargo, la tendencia del presidente a ignorar opiniones que vayan en contra de su ideario político afloraron antes del primer año de Gobierno, del que fueron saliendo, una por una, las voces más técnicas y de centro para dar paso a otras más radicales.
Las diferencias internas sacaron del Gabinete en cuestión de meses a sus primeros ministros de Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López; Hacienda, José Antonio Ocampo, y al director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, considerado la voz más sensata del Gobierno.
En paralelo ha crecido el poder de Laura Sarabia, una joven abogada que, más allá de su cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), es la mano derecha del presidente y en la práctica la mujer más poderosa del país, que controla el acceso al mandatario.
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“Gustavo Petro trata de rodearse de gente muy fiel a su persona y a su proyecto porque finalmente no hay muchos funcionarios de izquierda preparados con los cuales pueda contar, por eso tiene la tendencia a hacer un pequeño círculo de gente, sin importar que no tengan la experiencia necesaria, y eso ha afectado la forma de gobernar”, explica el analista político Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario.
Otras características del mandatario que crean roces son su impuntualidad crónica y la tendencia a responder en X a cualquier crítica a su gestión, “una forma de comunicación que le genera mucha tensión con los opositores”, según Basset.
El problema de la corrupción
La mitad del Gobierno ha estado marcada también por denuncias de corrupción y, aunque en ninguno de los casos hay condenas por ahora, “el hecho de que tenga pequeños círculos de mucha confianza y de que Petro tiende a defenderlos hasta las últimas consecuencias cuando se ven involucrados en escándalos, afecta la imagen que la opinión pública tiene del Gobierno”, agrega el experto.
No obstante, Basset señala: “La corrupción hay que mirarla de manera más estructural” y pone como ejemplo el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), supuestamente usada para pagar coimas a congresistas.
“La posible compra de apoyos de congresistas tiene mucho que ver con la forma como funciona el Congreso, con el hecho de que el Gobierno no ha querido negociar sus proyectos con otros partidos, ha roto la coalición que tenía al principio para tratar de buscar mayorías proyecto por proyecto y esto evidentemente se presta a estas prácticas corruptas”, concluye Basset.
EFE
