El alcalde de Medellín presentó una montaña de documentos recopilados que comprometen a la pasada administración liderada por Quintero.
El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, denunció más de 500 casos de “presunta corrupción” durante la gestión de su antecesor, Daniel Quintero Calle, que causaron un enorme detrimento a las finanzas públicas.
“Son 501 hallazgos que ya están en conocimiento de las autoridades competentes”, dijo Gutiérrez a la prensa y agregó que en los dos meses que lleva en el cargo ha tratado de “poner la casa en orden porque la recibimos incinerada, vandalizada y saqueada”.
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El alcalde presentó una montaña de documentos recopilados con técnicas de auditoría forense “que comprometen a la pasada administración”, encabezada por Quintero, un independiente acusado de varias irregularidades a lo largo de su alcaldía (2020-2023), cargo en el que se mostró como aliado del presidente, Gustavo Petro.
Según Gutiérrez, en los casos denunciados “se tomaron decisiones que comprometen millonarias cifras, lo cual deteriora gravemente los recursos públicos”.
Contratos a dedo y sobrecostes
Entre esos citó un “carrusel de contratos” para favorecer a 18 corporaciones que eran previamente identificadas con códigos internos y que tan solo en 2023 recibieron contratos por más de 25.000 millones de pesos.
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También reveló la presunta adjudicación fraudulenta, con sobrecostes, de Computadores Futuro, el programa bandera de la administración de Quintero para dotar con equipos informáticos a estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad.
La denuncia señala que este contrato se adjudicó por 80.000 millones de pesos pero se le hicieron seis modificaciones y terminó costando 118.000 millones de pesos.
Otro caso citado es el contrato firmado por la Alcaldía durante la administración de Quintero con la empresa SaludCoop para tomar en comodato la Clínica de la 80, en el que al parecer hubo un “detrimento patrimonial” que “dejó pérdidas millonarias”.
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La información señala que la Alcaldía hizo adecuaciones en infraestructura física por un valor cercano a los 24.000 millones de pesos, tras lo cual SaludCoop pidió la devolución de la clínica y la Alcaldía firmó un contrato para vender las mejoras a un tercero por la mitad del valor invertido.
“Esto claramente no es todo, el trabajo sigue y serán los organismos de control los encargados de hacer justicia con incidencia disciplinaria, penal y fiscal”, pues no se han terminado las auditorías a otras empresas públicas “que presentan también graves irregularidades”, manifestó Gutiérrez.
EFE
