La realidad evidencia que el secuestro, el narcotráfico y la extorsión están desbordadas, que en muchas zonas del país no existe control efectivo del territorio.
90 masacres en 2023 con 289 víctimas en Colombia a corte del 4 de diciembre, reporta el Instituto De Estudios Para El Desarrollo Y La Paz. El otrora slogan de campaña “nos están matando” que posicionó al actual gobierno y sus bancadas en el Congreso, no volvió a ser tendencia y parece haber desaparecido de la mente y declaraciones del gobierno del cambio, eso sí la realidad siempre habla más alto.
El asunto es tan grave que hasta el prestigioso medio británico Financial Times publicó recientemente un artículo titulado: “El líder de Colombia prometió “paz total”, entonces surgió la violencia”, evidenciando así para el mundo entero los malos resultados de una de las apuestas más ambiciosas del actual gobierno.
La realidad evidencia que el secuestro, el narcotráfico y la extorsión están desbordadas, que en muchas zonas del país no existe control efectivo del territorio y que en nombre de la paz total se han incumplido una y otra vez disposiciones legales y constitucionales al mejor estilo de “el jefe de Estado soy yo”, como una especie de licencia para hacer lo que venga en gana, sin tener en cuenta la institucionalidad y las normas.
Con razón la Corte Constitucional tumbó varias de las disposiciones contenidas en la ley 2272 de 2022, la ley con la que el gobierno del cambio echó a andar toda su estrategia de paz. Lo llamativo de la reciente decisión de la Corte es que tumba disposiciones que en el fondo tienen una naturaleza de extralimitación de poder, disposiciones pensadas y redactadas no para quien gobierna dentro de una democracia, sino más bien para quien se cree el dueño absoluto del poder, como por ejemplo promover la excarcelación de delincuentes y nombrarlos gestores de paz.
Lo curioso y que no guarda coherencia es que el hoy Presidente de la República en su época de Alcalde de Bogotá, acudió a la Corte Interamericana De Derechos Humanos porque le pareció mal que una decisión administrativa lo suspendiera de su cargo como Alcalde de Bogotá, pero sí le parece bien que su gobierno mediante decisión administrativa y en nombre de su proyecto político de paz, motive la liberación de personas que han delinquido y han sido condenadas por la justicia, incluso pasando por alto el poder judicial.
La paz total también buscaba pasar por alto al poder legislativo, por ello en el comunicado sobre el contenido de la sentencia C-525/2023, expedido por la Corte Constitucional, declara inexequible la expresión “a juicio del gobierno” refiriéndose a los términos de sometimiento a la justicia a los que se llegue en medio de las negociaciones, recordando la Corte que “los términos del sometimiento a la justicia deben ser definidos por el Legislador y garantizar los derechos de las víctimas”.
Otro aspecto llamativo del comunicado de la sentencia de la Corte Constitucional es el recordatorio sobre el principio de separación de poderes. Al respecto, la Corporación subrayó la necesidad de proscribir, en garantía de dicho principio, toda concentración de poder que pueda ejercerse de forma arbitraria. Recordó que hacer una distribución clara de las funciones entre las ramas del poder público, y garantizar que quien ejerce un determinado poder es controlado por las otras ramas del Estado, minimiza el riesgo de abuso del poder o extralimitación de funciones.
El proceso de paz del gobierno del cambio no es el primer proceso al que se ve abocado el país y probablemente no será el último, pero puede pasar a la historia como el proceso en medio del cual se recrudeció la violencia, se entregó control territorial, se debilitó la fuerza pública y se fortaleció la delincuencia, en medio de cifras económicas negativas, escándalos de presuntos dineros de narcotráfico en la campaña presidencial, aumento de impuestos a la población, creación de más burocracia y lenta ejecución presupuestal.
Ojalá esta sea la última navidad en que como país tengamos que vivir en medio de la zozobra que genera el debilitamiento del orden público y el aumento de la inseguridad, ojalá las próximas navidades podamos realmente vivir en paz.
Por: Víctor Manuel Salcedo- Representante a la Cámara partido de la U.
