La criminalidad no se combate con discursos y la paz, seguridad y estabilidad del país requieren acciones reales, concretas y efectivas por parte de la fuerza pública.
Por: Víctor Manuel Salcedo
Representante a la Cámara por el partido de La U
El pasado 4 de julio, la Federación Nacional de Departamentos emitió un comunicado sobre la crisis de orden público que enfrenta el país, “Nuestras regiones están ardiendo, Señor Presidente es momento de actuar”. Son algunas de las frases contenidas en el documento que evidencia la realidad de las regiones y que le habla directo al gobierno nacional, sobre la necesidad urgente de tomar acciones para mitigar el avance de la criminalidad.
Siempre es bueno que los mandatarios regionales den a conocer la realidad de sus territorios, pues fácilmente entre viajes internacionales, la agenda política que dicta Bogotá y la actividad en Twitter, se disuelven las verdaderas necesidades del país y por consiguiente la atención que estas merecen.
Desde luego la Paz Total debe ser un propósito nacional que todos debemos acompañar, pero el ejercicio de la autoridad del Estado y el uso de la fuerza para preservar el orden, la vida, integridad y bienes de los ciudadanos es un imperativo legal que no se puede minimizar y mucho menos obviar.
Según cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y mayo de 2023, se presentaron 144 secuestros, cifra que no se observaba hace 10 años pues durante el mismo periodo del año 2013 se presentaron 141 secuestros. En cuanto a masacres, según reporta el mismo informe del Ministerio de Defensa, entre enero y mayo de 2023, se presentaron 139 y 5.263 homicidios.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz indepaz, a corte del 21 de junio de 2023. El departamento del Valle representa el 15% de las víctimas por masacres en municipios como; Tuluá, Cali, Buenaventura, Ansermanuevo, Jamundí, Cartago, El Cerrito, La Unión, y al comparar los datos del año anterior donde se presentaron 94 masacres y 300 víctimas; el Valle del Cauca representaba el 12%, es decir, la violencia en el departamento se ha incrementado de manera sustancial, pues en lo que lleva recorrido el año ya supero las cifras del año 2022.
El recrudecimiento de la violencia en el departamento ha sido de conocimiento público organizaciones como la Cruz Roja en su informe de 2022 señalaron que el Valle del Cauca fue el tercer departamento con más casos de personas confinadas, 4028 las personas permanecieron confinadas en sus territorios debido confrontaciones armadas entre distintos grupos al margen de la ley y el Ejército Nacional, Por su parte la Defensoría del Pueblo a emitido miles de alertas sobre el incremento de la violencia en ciudades como Cali, donde le 63% de los votos fueron para el presidente Petro.
A su vez, la violencia política no da tregua, dando como resultado que varios alcaldes en departamentos como Chocó y Norte de Santander no puedan ejercer su labor, desde su territorio, así como los 26 homicidios ocurridos durante la época preelectoral, acabando con la vida de dignatarios en ejercicio o de precandidatos, como lo reporta el informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).
Por su parte, la Federación Colombiana de Municipios también emitió un comunicado manifestando “el rechazo por el brote de violencia que se está presentando en los territorios y solicita con urgencia acciones por parte del gobierno nacional para que se brinden todas las garantías de seguridad a los ciudadanos, advertimos que el ejercicio democrático que se avecina para la elección de autoridades municipales y regionales del próximo mes de octubre, podría afectarse de persistir las acciones violentas.”
En lo más alto de la línea de mando de las fuerzas militares se encuentran el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, a quienes es importante recordar que gobernar implica el ejercicio de la autoridad, la criminalidad no se combate con discursos y la paz, seguridad y estabilidad del país requieren acciones reales, concretas y efectivas por parte de la fuerza pública.
Nota: Molesta ver la lentitud del gobierno nacional para afrontar la violencia en el departamento del Valle, departamento que votó por el gobierno del cambio.
