El proyecto busca prohibir el uso del glifosato ya que está comprobado que este químico afecta la vida humana y animal, y ha fracasado como política antidrogas.
La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández radicó ante el Senado un proyecto de ley para prohibir el uso del glifosato en actividades de erradicación de cultivos ilícitos.
“Consolidar la ‘paz total’ en Colombia pasa por resolver el tema del narcotráfico. Significa que de una vez por todas se acepte que la política antidrogas, que tenía como pilar, entre otras cosas, el uso del glifosato y la criminalización de los campesinos, es un modelo fracasado”, dijo la congresista, citada en un comunicado de su oficina de prensa.
De acuerdo con la senadora Hernández, hay evidencia suficiente de que el glifosato afecta la vida humana y animal, destruye el ambiente y ha fracasado como política antidrogas.
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Según datos de Hernández, en 1991 había 160.120 hectáreas de coca y para 2021 la cifra llegó a 204.000 hectáreas, mientras que los niveles de resiembra llegaron al 38 % al priorizar la erradicación forzada, incluyendo glifosato.
Eso es “un fracaso total”, aseguró la congresista al recordar las acciones de sustitución voluntaria que el anterior gobierno congeló en “su interés de hacer trizas la paz y la implementación del acuerdo de paz”.
Recordó que, según datos de la ONU, los niveles de resiembra en esta modalidad fueron inferiores al 7 %, incluso en un momento mostraron ser menores al 1 %.
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Explicó que si bien es cierto que el uso del glifosato en aspersiones aéreas contra cultivos de coca fue suspendido en Colombia desde 2015, hoy no existe una ley que lo prohíba, tal como lo plantea el proyecto de su autoría.
Por último, la legisladora enfatizó que tanto ella, como el grueso de los colombianos, están en contra del narcotráfico, por lo que instó a avanzar hacia un nuevo modelo que ataque los verdaderos eslabones claves de la cadena.
En agosto del año pasado el director de la Policía, el general Henry Sanabria, dijo que Colombia priorizará la erradicación manual y la sustitución voluntaria de los cultivos de coca en acciones concertadas con las comunidades para luchar contra las drogas.
