Gobierno presentó el proyecto de Ley de Sometimiento para grupos armados

Imagen cortesía: @MinjusticiaCo
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El proyecto establece pena de entre seis y ochos años de cárcel y cuatro años de libertad para los miembros de las organizaciones que se acojan.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó el proyecto llamado Ley de Sujeción a la Justicia y Desmantelamiento de Estructuras Criminales de Alto Impacto o Ley de Sometimiento con el que busca desmantelar las estructuras armadas en el marco de la iniciativa de la llamada paz total.

El proyecto, en el que participaron también los congresistas Ariel Ávila y Alirio Uribe, consta de 54 artículos con los que el Gobierno buscará el desmonte de diferentes bandas criminales que delinquen en varias zonas del país.

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Entre los puntos se destaca que a estos grupos no se les concederá algún estatus político y de beligerancia, esto debido a que es un proceso socio-jurídico. Además, se establece una pena de entre seis y ocho años de cárcel y cuatro años de libertad condicional para los miembros de las organizaciones que se acojan.

Igualmente, se estipulan varias penas restaurativas y quienes cumplan con los respectivos requisitos que establece la Ley de Sometimiento podrán quedarse hasta con el 6% de los bienes que entreguen a la justicia, esto teniendo presente la ley de extinción de dominio.

“La oferta que hace el Estado colombiano a estas estructuras armadas es que, si cumplen con todos estos requisitos de entrega de verdad, aceptación de responsabilidad penal, desmantelamiento de la banda, reparación a las víctimas, se les sustituirá la pena ordinaria que les corresponda según la ley, por una que irá entre seis a ocho años de cárcel efectiva sin beneficios”, dijo el funcionario.

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Osuna enfatizó que el proyecto no afectará las “reglas vigentes en las que el Estado colombiano se ha comprometido sobre extradición. Esto se seguirá rigiendo por los tratados hasta ahora vigentes y aplicables, y no le confiere a quienes se acojan ningún estatus político”.

El documento fue revisado por el presidente Gustavo Petro y será presentado al Consejo Nacional de Política Criminal.