El Ministerio Público solicitó una reunión con el Alto Comisionado para la Paz para adoptar medidas que brinden seguridad a la población.
La Procuraduría General pidió una reunión “urgente” al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, por el desplazamiento forzado y las extorsiones del Clan del Golfo que atemorizan a la población en la zona de los Montes de María, en los departamentos de Sucre y Bolívar.
El Ministerio Público urgió al Alto Comisionado para la Paz a convocar esta reunión en la que se adopten medidas que brinden seguridad a la población, ya que según el ente en el territorio se evidencia “de manera significativa la violación de los derechos fundamentales”.
La violencia ejercida por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, se evidencia “en aspectos como el despojo forzado de tierras, desplazamientos de carácter intrarural, intraurbano e intermunicipal y confinamientos por más de 12 horas en algunas zonas rurales”, detalló la Procuraduría.
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Alrededor de 30 municipios en la zona de los Montes De María son víctimas de la extorsión masiva a comerciantes y funcionarios, que son intimidados a través de panfletos donde se amenazan a las personas que no acaten la orden impuesta por el grupo criminal.
Además, el Ministerio Público mostró su preocupación por la cantidad de homicidios en la región, en la que se reportaron 52 muertes en el primer semestre del 2022. Se trata de un territorio de gran importancia para los grupos armados debido a su posición estratégica para el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas.
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El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), nació tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y se convirtió en la banda criminal más grande del país.
El pasado mes de diciembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la expansión y consolidación del Clan del Golfo en los Montes de María, en donde incluso “usurpan funciones del Estado” y resuelven conflictos de la comunidad, imponen sanciones o financian proyectos.
La petición del Ministerio Público ante la ola de violencia se da en medio de un cese el fuego bilateral de seis meses de duración anunciado por el Gobierno de Gustavo Petro al que se han sumado cuatro grupos armados, entre ellos las AGC.
