El fantasma de los “falsos positivos”, como se conoce al asesinato de civiles por parte de militares, revivió este mes en el país con nuevas denuncias contra altos oficiales y una escalofriante radiografía de cifras en la que se precisa que, hasta el momento, ha habido 2.248 víctimas y 5.626 procesados por esos delitos.
En un informe compuesto por 302 páginas al que tuvo acceso el diario El Espectador, la Fiscalía General de la Nación le mostró en junio del año pasado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, la realidad de uno de los hechos más sangrientos y polémicos de la historia reciente de la nación andina.
Aunque las cifras que se han manejado sobre las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales han variado con los años y de una entidad a otra, la Fiscalía precisa en el documento que son 2.248 muertos entre 1988 y 2014.
De los 5.626 procesados, el ente judicial sostiene que 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles, entre otros.
Teniendo en cuenta que antes de la creación de la JEP como parte del acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Gobierno y las FARC dichos crímenes eran juzgados por la justicia ordinaria, ya se han dado detenciones y condenas de hasta cinco años de cárcel por lo que hoy 1.236 uniformados tienen el beneficio de la libertad transitoria.
El documento señala que estos asesinatos ocurrieron en 27 departamentos, pero la victimización fue mayor en Antioquia (noroeste), que encabeza la lista con el 29 % de las muertes, seguido de Casanare, Cesar, Meta, Norte de Santander, Huila, Córdoba, Tolima y La Guajira.
La Fiscalía sostiene que los “falsos positivos” comenzaron a finales de los años 80 del siglo XX, pero se incrementaron a partir de 2002 y alcanzaron su etapa más cruenta entre 2006 y 2008.
De hecho, aclara que el 97 % de los casos investigados ocurrieron entre 2002 y 2008.
En ese tiempo, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) era el presidente de Colombia y en la comandancia del Ejército estaba el general Mario Montoya (2006-2008), quien firmó en octubre del año pasado el acta de sometimiento a la JEP, en donde ha insistido en su inocencia frente a esos crímenes.
Precisamente, fue en 2008 cuando se descubrió el “modus operandi” de los militares implicados, que consistía en atraer a jóvenes pobres, algunos discapacitados, con falsas promesas de trabajo para luego llevarlos a otras regiones del país donde eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.
El escándalo le costó el cargo a cuatro generales ese mismo año y, a partir de ese momento y hasta 2015, “la cantidad de casos registrados se encuentra en niveles similares a los anteriores a 2001, es decir, no superan la decena al año”, indica la Fiscalía, que asevera que todavía hay casi 5.000 expedientes abiertos en los que se menciona a 18 altos oficiales.
Por todo lo anterior, el fin de semana pasado Colombia se estremeció al leer un artículo del diario estadounidense The New York Times según el cual el Ejército ordenó recientemente a sus soldados duplicar el número de muertos criminales y rebeldes.
En el artículo se aseveró que este año surgió un “patrón” de asesinatos sospechosos y encubrimientos, abriendo la puerta a “aliarse” con grupos criminales para obtener información.
Como resultado de esa publicación el periodista Nicholas Casey y el fotógrafo Federico Ríos recibieron amenazas y debieron salir de Colombia.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, le salió al paso a la polémica y afirmó que no existe riesgo de que “civiles inocentes” mueran durante las operaciones militares.
También, la Cancillería y el Ministerio de Defensa remitieron una carta al editor del NYT en la que pusieron en duda “la veracidad” de las versiones citadas en el artículo, mientras que Human Rights Watch advirtió de posibles represalias a los oficiales que le proporcionaron la información al diario.
Frente al huracán que se desató, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, confirmó que se cambiará la directriz denunciada por el rotativo porque considera que hubo “mala interpretación” por parte de personas ajenas a la institución.
Asimismo, el presidente colombiano, Iván Duque, decidió crear este 24 de mayo una comisión que analizará los procedimientos de las operaciones militares para comprobar que se respeten los derechos humanos, y el canciller, Carlos Holmes Trujillo, anunció que se reunirá la próxima semana con representantes del periódico para explicar la política del Gobierno en temas de orden público.
En un nuevo capítulo de esta dolorosa historia, el general Martínez fue señalado este fin de semana de presuntamente haber hecho siete pagos en 2005, cuando era coronel y comandante de la Décima Brigada, a un soldado que posteriormente fue condenado a 40 años de prisión por “falsos positivos”.
Al respecto, el Ejército dijo en un comunicado que Martínez “no tiene investigación, sanción o impedimento alguno (…) por temas relacionados con derechos humanos” y que su cargo “era jefe de Estado Mayor”, lo que “significa que no tenía injerencia ni responsabilidad en la parte operacional, solo en la parte administrativa”.
A su turno, la Presidencia calificó hoy en Twitter de “falso” que Martínez haya “pedido a los soldados que adelanten operaciones letales sin tener la información completa ni la certeza del objetivo”.
Como parte de la controversia de los “falsos positivos” también los medios de comunicación nacionales debaten actualmente su actuación en el caso.
El turno de este domingo fue para el presidente de noticias de la cadena estadounidense Univisión, el colombiano Daniel Coronell, quien en su columna para Semana cuestionó que esa revista no haya publicado, como lo hizo el NYT, la investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales a pesar de tener la información desde febrero pasado. Efe
