Extradición a EE.UU. de Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’, se demorará: México

Imagen cortesía: EFE
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Las autoridades mexicanas esperan llevar a Ovidio Guzmán ante los tribunales por delitos de narcotráfico y relacionados con armas de fuego.

El Gobierno mexicano avisó este viernes que la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán más buscados por EE.UU. y recientemente detenido, será lento, ya que también enfrenta acusaciones penales en México.

“(La extradición) es un proceso. Se hace la solicitud por parte del Gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas y ya los jueces en México deciden”, refirió eL presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa diaria.

Además, el mandatario insistió en que la extradición no se realizará por la vía rápida.

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Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, detalló que México cuenta con elementos para llevar a Ovidio Guzmán ante los tribunales por delitos contra la salud (narcotráfico) y relacionados con armas de fuego.

Además, dijo que también existen investigaciones relativas a la posibilidad de que el detenido y otras personas hubiesen cometido delitos relacionados con la delincuencia organizada.

“Claro que lo anterior es independiente de lo que resulte en los hechos suscitados en ocasión de su detención”, puntualizó.

Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición en 2019, imputa al narcotraficante delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país, detalló Rodríguez.

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El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, añadió que, tras poner al detenido a disposición de un juez, el mecanismo de extradición cuenta con un plazo para que el país solicitante presente pruebas penales, que estima que en el caso de Estados Unidos se demorarán entre cuatro y seis semanas.

Una vez puestas dichas pruebas ante las autoridades judiciales, la decisión sobre la extradición correrá a cargo del juez y de la Cancillería que él dirige.

“No es una decisión política, solo de la Cancillería, sino esencialmente del juez, para verificar que los derechos de esa persona se respetan, dado que es un ciudadano mexicano”, comentó.