En el ámbito mundial, solo el 40% de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda
Un tribunal de la provincia de Sichuan (centro) ejecutó a un hombre que prendió fuego a su exesposa mientras ella realizaba una emisión de vídeo en directo en 2020, informaron medios locales.
La sentencia a muerte, ejecutada el pasado sábado, le fue impuesta al hombre, llamado Tang Lu, en octubre de 2021, de acuerdo al diario oficialista Global Times.
El tribunal que impuso la pena máxima describió que los actos de Tang tuvieron “consecuencias muy graves”, como “extremadamente crueles”.
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Tang contrajo matrimonio con la víctima, una videobloguera de etnia tibetana conocida como Lamu, en 2009, según el citado medio.
Durante el matrimonio, que duró once años hasta su divorcio en 2020, Tang pegó a Lamu repetidas veces.
Tras la separación, Tang quiso retomar la relación con la víctima, que rechazó sus peticiones.
El 14 de septiembre de 2020, mientras Lamu emitía en directo desde la cocina ante algunos de sus 75.000 seguidores en la aplicación de vídeos Douyin, Tang irrumpió en la vivienda, la roció con gasolina y le prendió fuego.
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Pese a las dos semanas que pasó recibiendo tratamiento médico, Lamu, nacida en 1990, falleció a consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.
El asesinato provocó una ola de indignación en las redes sociales chinas, donde Lamu mostraba a sus seguidores su vida en un entorno rural.
Las autoridades chinas no facilitan datos oficiales sobre el número de condenados a muerte, pero en el informe relativo a la pena capital de 2019 elaborado por Amnistía Internacional, la organización apuntó que “se cree que se han llevado a cabo miles de ejecuciones en China”.
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La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales. En el ámbito mundial, solo el 40 por ciento de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.
EFE
