Los grupos armados le señalaron a Petro que no deberían ir a la cárcel porque es una “universidad criminal”.
Varios grupos armados y narcotraficantes enviaron una misiva al presidente electo Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, y al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, en la que proponen un “cese al fuego contra la institucionalidad” desde el próximo 7 de agosto, día de la posesión del nuevo gobierno.
Entre los grupos firmantes están el Clan del Golfo, los Caparros, los Rastrojos, los Shottas, la Inmaculada, los Mexicanos y varios bloques y frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidos como los paramilitares.
En la misiva los grupos armados señalaron la “importancia” de hacer parte del llamado a la unión que hizo el presidente electo Petro y que, según ellos, es apoyada por la gran mayoría del pueblo colombiano.
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“Estamos dispuestos a dialogar y reconciliarnos, con el objetivo de parar la violencia cíclica que algunos de nosotros controlamos, más no la que controla el Estado (que maneja sus propios intereses”, indicaron.
En ese sentido, los firmantes manifestaron su disposición para realizar un cese al fuego, desarmarse en el “momento indicado”, pedir perdón a las víctimas, aportar a la verdad total e integral, reparar y no repetir los actos criminales cometidos y “construir un futuro mejor para las nuevas generaciones”.
Sin embargo, los grupos armados enfatizaron que, ante estos compromisos y la importancia de reconciliarse con la sociedad, ellos consideran que nadie debería ir a la cárcel porque está “comprobado que es una universidad del crimen que no cumple con los fines de la resocialización”.
“Creemos que a partir de este compromiso, colombia y nosotros nos merecemos una segunda oportunidad que incluya a compatriotas presos en el exterior que tengan el compromiso honesto y real de esclarecer la verdad de los hechos oscuros de nuestro país, que los colombianos y el mundo entero tienen derecho a conocer”, agregaron.
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Las bandas criminales manifestaron que se unieron a la ilegalidad debido a la falta de oportunidades que le fueron negadas en gobiernos anteriores “en los cuales nunca hubo una verdadera democracia, una verdadera justicia, ni tampoco un verdadero Estado de derecho para nosotros los excluidos y marginados de la sociedad”.
“Expresamos con mucho respeto que no estamos de acuerdo con que se siga cercenando la verdad de nuestro país con mecanismos tales como la extradición, que debería operar solo en los casos donde haya ausencia de verdad, perdón, justicia, reparación y no repetición”, expresaron.
Finalmente, los delincuentes expusieron que la extradición es una forma en la que el Estado colombiano evidencia que es incapaz de resolver sus propios problemas.
