Este departamento ha sido históricamente olvidado por el Gobierno de Colombia
Desde que se zarpa del puerto fluvial en Quibdó se siente la zozobra; los paramilitares controlan el río Atrato y sin su permiso no se puede navegar ni hacer casi ninguna actividad y para que nadie lo olvide han pintado sus iniciales en los muros poblados ribereños.
A tan solo 15 minutos de Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó (oeste) se lee: “AGC”, siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, y la gente comenta en voz baja que tiene miedo porque los paramilitares están en los caseríos.
“El departamento del Chocó vive una encrucijada y una crisis humanitaria tremendamente grave”, dice a Efe Leiner Palacios, miembro de la Comisión de la Verdad y sobreviviente de la masacre de Bojayá, perpetrada por la guerrilla de las FARC en 2002 y una de las más cruentas del conflicto armado colombiano.
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Desde Bojayá, donde el pasado 2 de mayo se conmemoraron 20 años de esa matanza que dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos 48 menores de edad, Palacios denuncia que “la seguridad se ha deteriorado terriblemente” así como “la presencia de las Fuerzas Militares por el afluente del Atrato en connivencia completa y total con los grupos armados, con las AGC”.
“Esa connivencia se expresa precisamente en que (los militares) no hacen operaciones para restringir la movilidad de estos grupos armados ilegales”, por lo que Palacios se pregunta: “¿Cómo entender que todas las casas de estos pueblos estén marcadas? ¿Dónde está la fuerza pública haciendo su deber?”.
DROGAS Y NARCOTRÁFICO
Palacios señala que “el narcotráfico sigue moviéndose por estos territorios” y que “en Bojayá desde hace cuatro años no había ni una sola mata de coca” y hoy hay “varias hectáreas de coca sembradas”, lo que atribuye a “los grupos armados con la anuencia de los militares que están en el territorio”.
El comisionado, que había viajado a Bojayá por el aniversario de la masacre en la que perdió 32 familiares, se encontró con que la gente está alarmada con la nueva violencia.
“Me contaron de niños y niñas que han caído en la drogadicción y el alcoholismo y cómo empieza a proliferar ese fenómeno aquí”, dice.
CONFLICTO Y POBREZA
Palacios relaciona el conflicto y el olvido del Estado con el incremento de la pobreza: “imagínese un campesino que ha sufrido en estos últimos 20 años seis desplazamientos o sea, estamos hablando que en seis ocasiones la actividad productiva que emprendió se vio truncada”.
Añade que en este momento más del 70 % de la población vive en confinamiento porque los grupos ilegales no les permiten ir a sus parcelas a cultivar y les restringen la pesca.
“Aquí no hay empresas, no hay entradas para la gente, la gente vive de la agricultura, de la pesca y cuando se suspenden esas actividades (…) eso la lleva a mayor empobrecimiento”, manifiesta.
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Para Palacios también está claro que el Estado invierte menos en el Chocó, pues “cuando el Estado hace una escuela aquí en otros lugares ha hecho cinco”.
Los afrocolombianos del Chocó son mayoritariamente campesinos y pescadores que viven en casas palafíticas, en caseríos desperdigados por la selva, sin servicios públicos adecuados, sin carreteras y donde la única vía de comunicación son los ríos.
“No podemos decir lo que no es, siempre hemos estado abandonados; en el pueblo nunca habido alcantarillado, acueducto, nada”, dice a Efe Faustino Flores Palacios, que tenía 12 años cuando ocurrió la masacre que también atribuye al olvido estatal “porque no había ley en el pueblo, no había policía, no había soldados”.
