Los congresistas Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia acudieron al Estatuto de la Oposición para revivir la ratificación del Tratado de Escazú.
Este martes ante la mesa directiva de la comisión segunda, el senador Iván Cepeda dio a conocer la solicitud que se tramitó bajo el amparo del estatuto de la oposición, que reconoce el derecho de la oposición a determinar el orden del día de las sesiones plenarias por tres veces durante cada legislatura.
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Según Cepeda acudieron a esta herramienta, por las diversas dilaciones durante el trámite de dicho acuerdo en el Congreso, “que conllevaron a su archivo por vencimiento de términos –en la pasada legislatura–, o han impedido el avance del procedimiento de aprobación o improbación, como ocurre actualmente”.
“Hemos sido especialmente insistentes en que el país requiere la aprobación del Acuerdo de Escazú. El gobierno del presidente Iván Duque ha hecho múltiples promesas a la comunidad internacional y a Naciones Unidas de que será aprobado. Estos anuncios se han convertido en demagogia, que contrasta con las maniobras para impedir la ratificación del Tratado” advirtió Cepeda.
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La solicitud radicada el día de ayer a Paola Holguín presidenta de la Comisión, pedía que el Proyecto de Ley N° 251 de 2021 “Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”, fuera anunciado en la sesión de este martes.
Asimismo, Cepeda pidió que se cite a la Comisión Segunda a sesión, el próximo martes 26 de abril, con el objeto de discutir y someter a votación el proyecto 251 de 2021, en ejercicio del derecho con que cuenta esta bancada a definir el orden del día de las células legislativas a las que pertenece, contemplado en el artículo 19 de la Ley 1909 de 2018. Dicha solicitud fue aprobada, según lo anunció la senadora del Centro Democrático Paola Holguín.
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La oposición también alertó el día de ayer que, pese a que en la presente legislatura ya existe una ponencia radicada ante esta Comisión, siendo esta el requisito necesario para su discusión, en la actualidad persisten la falta del anuncio, su agendamiento, su debida discusión y votación a pesar de que “el Acuerdo de Escazú es un tratado sobre derechos humanos, respecto del que existe el deber constitucional y legal de examinarlo de manera preferencial y prioritaria”.
