La Corte Suprema de Justicia condenó a 13 años, 8 meses y un día de prisión al exsenador del partido Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella por su implicación y tráfico de influencias en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en el país.
“La Sala dispuso condenarlo a penas de 164 meses y un día de prisión”, se extrae en el comunicado publicado este martes por la Corte donde añade multas de más de 1.100 millones de pesos (308.500 dólares) y la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas durante más de 13 años.
Según la sentencia del Supremo, Guerra de la Espriella, en calidad de senador, a finales de 2012 “habría hecho parte de la empresa criminal liderada por los directivos” de Odebrecht y varios lobistas “con el fin de cometer delitos indeterminados”.
Así, ejerció “indebidas influencias” sobre el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para que se suscribiera un contrato de concesiones a Odebrecht que se materializó en diciembre de ese año.
Los lobistas (Federico Gaviria, Otto Bula Bula y Bernardo Miguel Elías) se llevaban de dicha gestión 4.000 millones de pesos (más de un millón de dólares) y a Guerra le correspondieron 200 millones (52.500 dólares) “por haber logrado para la organización delictiva el cometido propuesto”.
El exsenador, según la sentencia de la Corte Suprema, también influyó indebidamente sobre el entonces presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente Luis del Valle, para que diera luz verde a la portuguesa Afa Vías, que estaba interesada en adquirir participaciones de Odebrecht.
El exparlamentario también habría incidido en la adjudicación de un contrato al consorcio Navelena, del cual la brasileña era la principal accionista con el 87 %, con el que se preveía recuperar en más de 13 años la navegabilidad en un tramo del río Magdalena, el principal del país.
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Al exsenador de Cambio Radical, que entre 2012 y 2017 obtuvo un “incremento patrimonial injustificado” de casi 600 millones de pesos (más de 150.000 dólares), se le condenó por, entre otros delitos, concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito de servidor público y se le absolvió de cohecho propio.
Además, la Corte dictaminó que debe seguir en prisión, donde está tras entregarse en marzo de 2019, cuando se ordenó su captura, sin que se sustituya por prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena. Efe
