Solo durante 2021 la Defensoría del Pueblo recibió 30.048 casos: el 34,1% por actos sexuales contra menores de 14 años; el 23,7% por acceso carnal con menor de 14 años y el 16,1% de los casos tuvieron que ver con inasistencia alimentaria.
Frente a estos casos, la Defensoría se ha movilizado para prestar asesoría, acompañamiento y seguimiento para la protección de las víctimas.
La mayoría de estos casos de abuso se presentaron en Bogotá, 7.547; seguido de Antioquia, 5.173; Santander, 2.961; Valle del Cauca, 2.929 y Boyacá con 2.010.
Sin embargo, frente a los recientes casos de abuso y maltrato que se han presentado en el país, el órgano constitucional, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, se pronunció al respecto, señalando qué:
“Casos como el de un niño golpeado en un jardín infantil, que una mujer lance a su propio hijo a un río, el matoneo entre estudiantes en un colegio o que se ponga en riesgo físico y mental a niños migrantes nos habla de niveles altos de violencia interpersonal, de problemas de convivencia y de violencia al interior de las familias, y también de algo de indiferencia frente a la niñez”, agregó Carlos Camargo.
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Es por ello que desde ya, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la responsabilidad de los adultos y profesionales que realizan labores de crianza infantil.
“Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes, por eso instamos a las autoridades a ejercer la debida vigilancia y control de los lugares destinados para el cuidado infantil. Esa vigilancia es una garantía de no repetición”, enfatizó Carlos Camargo.
Por otro lado, el órgano constitucional hizo una visita de seguimiento y monitoreo a la situación que viven niños y adolescentes venezolanos en el puente Francisco de Paula Santander, ubicado en el barrio El Escobal, frontera con Ureña, que son estudiantes de cinco establecimientos educativos en Cúcuta y su zona rural y tenían problemas para su traslado por falta de buses escolares.
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A lo largo de dicha visita, se identificaron algunas situaciones que representan riesgos a la integridad física y mental de esta población, por lo cual se hicieron varias recomendaciones para proteger y exigir la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, como ampliar la oferta para movilizar a alrededor de 2.800 estudiantes; proteger la integridad de los niños y prevenir posibles episodios de violencias basadas en género.
Finalmente, la Entidad seguirá vigilando el cumplimiento de esta medida y se mantiene en el sitio para observar el respeto de los derechos de los estudiantes.
