Los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y los grupos disidentes de las FARC se sienten por gran parte de la frontera entre Colombia y Venezuela, dejando centenares de desplazados y desaparecidos en el camino.
“A nosotros nos mandaron que teníamos que dejar todo lo que teníamos”, aseguró a Efe una de las desplazadas que llegó hace pocos días a Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, desde Cinaruco, en Venezuela.
Esta ciudad está a más de 370 kilómetros de Saravena, Arauca, Tame y Fortul, donde a principios de enero el ELN comenzó una ofensiva de asesinatos selectivos contra miembros o aliados del Frente Décimo y 28 de las disidencias que ha dejado una ola de violencia de retaliación, incluida la declaratoria de guerra por parte de estos frentes, que dicen estar a las órdenes de las FARC.
Hasta la fecha, a esta pequeña ciudad de menos de 20.000 habitantes se han trasladado 936 personas de 277 familias, según la Defensoría del Pueblo, que corroboró que el 55 % de estos desplazados son indígenas migrantes, el 42 % venezolanos y el 3 % campesinos o pescadores colombianos.
“Ahí donde nosotros estábamos mataron a un pocotón de gente, como unos 12”, aseguró uno de los campesinos, que pidió quedar en el anonimato por miedo a que vengan a buscarle.
Este confrontamiento armado entre los dos grupos ocurre en Arauca, un departamento donde el ELN concentra gran parte de sus efectivos y la presencia del Estado es casi nula, lo que ha provocado el desplazamiento masivo hasta la fecha de 1.486 personas de 455 familias.
La población en la zona también vive bajo amenazas, que conciernen sobre todo a líderes sociales o presidentes de juntas de acción comunal, la prohibición de moverse entre municipios o secuestros.
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También hay reportes de un incremento en el reclutamiento forzado, incluido el de menores.
“Una constante que hemos podido evidenciar: hambre, olvido y abandono”, dijo a Efe el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tras visitar a varios grupos de desplazados en Puerto Carreño, desde donde exhortó a las autoridades a una mayor presencia y atención a estas comunidades. Efe
