El Gobierno Nacional recordó este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la violencia que persiste en el país, y que el año pasado le costó la vida a 78 defensores de derechos humanos, es anterior a la firma de los Acuerdos de paz que acaban de cumplir cinco años y cuyo éxito defendió ante el organismo multilateral.
El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, tomó la palabra al término del examen que cada trimestre lleva a cabo el Consejo de Seguridad en la sede de la ONU y en el que todos los presentes alabaron sus progresos, pero alertaron sobre los ataques que sufren excombatientes, defensores de derechos humanos y líderes comunales, y principalmente los indígenas.
“No debemos llamarnos a engaño sobre las fuentes de la violencia (en Colombia). El acuerdo no garantizó desactivar todos los cárteles de droga, que ya existían previamente, y ellos son los responsables de los asesinatos”, aseguró, y puso como ejemplo lo que sucede en Arauca, donde los recientes ataques son obra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo que nunca se sumó al proceso de paz.
Archila recordó que si hay 13.000 combatientes de las FARC firmantes de los acuerdos de paz, hay 14.000 más, disidentes de las FARC o miembros de otros grupos, que nunca se sumaron a ellos, por lo que la violencia que practican es preexistente a los acuerdos y no como consecuencia de ningún “incumplimiento” de este último.
Pero además, y en declaraciones posteriores a la prensa, Archila aseguró que algunos de esos grupos reciben “apoyo de la dictadura vigente en Venezuela”, y se refugian en departamentos donde el estado tiene más problemas en llegar.
Archila respondió además a las peticiones formuladas por casi todos los intervinientes de que el Gobierno del presidente Iván Duque vaya más rápido en la implementación de los acuerdos de paz y lo haga de forma global, prestando también atención a apartados más descuidados por las autoridades, como el enfoque de género, cuestión que fue reiterada por varios países.
Al respecto, dijo que en este proceso dibujado para 15 años, le correspondería a su Gobierno implementar un 26 % de las disposiciones, pero “vamos muy por delante de eso” y detalló que los desmovilizados tienen una protección mayor que la de muchos compatriotas de zonas rurales: un 70 % cuentan con “sostenibilidad económica” a través de los 4.000 negocios generados, y más del 88 % están en el sistema de salud, con una cifra similar en el sistema de pensiones.
Un 57 % de los “indicadores de género” recogidos en el acuerdo se han cumplido, aseguró, además de rebatir a la excombatiente de las FARC y viuda de un guerrillero, Luz Marina Giraldo, quien, invitada por el Consejo, se quejó hoy de que las familias de los excombatientes sufran “estigmatización”, “rechazo social generalizado” y múltiples trabas para acceder a la salud, la educación y el trabajo.
Las próximas elecciones —legislativas en marzo y presidenciales en mayo— fueron evocadas por los países miembros del Consejo como un momento clave para consolidar el proceso de paz, con peticiones al Gobierno colombiano para que asegure su buen funcionamiento en el desarrollo de la campaña y la votación.
Sobre esto, Archila recordó que estos no serán los primeros comicios donde participarán las desmovilizadas FARC (ahora llamadas “Partido Comunes”), pues ya lo hicieron en los municipales de 2019, “las más pacíficas en 60 años” gracias a que su Gobierno prestó protección a los candidatos de ese grupo.
En general, los 15 países del Consejo que tomaron la palabra lo hicieron para elogiar el proceso de paz y sus logros —”un ejemplo para el mundo”, dijo la representante de Francia—, pero exigieron al Gobierno que avance más en cuestiones de alto contenido social, como la reforma agraria y el acceso a la vivienda de los desmovilizados.
La indefensión de algunas comunidades excluidas —principalmente indígenas y afrodescendientes— fue también puesta de relieve, y fueron varios los que mostraron su horror por el asesinato del adolescente Breiner David Cucuñame, un “guardia indígena estudiantil” de 14 años del departamento del Cauca muerto el pasado viernes. “Abrumador, tremendo”, exclamó la representante de Irlanda.
La cuestión colombiana es una de las que mayor consenso despierta en las Naciones Unidas, y su proceso de paz es aplaudido por todos los países sin excepción. La única nota discordante en un aspecto menor la puso Rusia, al pedir al Gobierno colombiano que asocie en el proceso de paz a la vecina Venezuela para garantizar su éxito, una petición que caerá en saco roto al tenor de las pésimas relaciones que tienen ahora ambos países. Efe
