Un líder social o defensor de derechos humanos fue asesinado en Colombia cada dos días y medio en 2021, una cifra preocupante por la acción de los grupos armados ilegales pese que se redujo en un 20% en comparación con el año previo, informó la Defensoría del Pueblo.
Mientras que el año pasado se registraron 145 homicidios, el organismo que defiende los derechos humanos reveló en un comunicado el lunes en la noche que en el país hubo 182 muertes violentas de líderes sociales en 2020.
La violencia contra los líderes sociales, así como las masacres de civiles, se convirtieron en uno de los principales problemas para el Gobierno colombiano, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.
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“Lamentamos profundamente cada uno de los casos, por el impacto que tiene sobre las comunidades. Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales”, dijo en una declaración el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Las cifras sobre violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos causan polémica y no coinciden en el país sudamericano de 50 millones de habitantes.
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Mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó la semana pasada preliminarmente 78 asesinatos en 2021, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una organización no gubernamental, contabilizó 171.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los departamentos más afectados por la violencia contra líderes sociales en 2021 fueron Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, todos con presencia de grupos armados dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal, en donde se cometieron el 70% del total de homicidios.
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El Gobierno del presidente Iván Duque responsabiliza de los asesinatos de los líderes a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, a las disidencias de las FARC que se apartaron de un acuerdo de paz firmado en 2016 y a bandas criminales como el Clan del Golfo, que luchan por el control territorial de zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
