La tensión que se vive en Arauca, en la frontera colombiana con Venezuela, tras la oleada de asesinatos selectivos emprendida por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) la semana pasada contra una disidencia de las FARC, ha provocado el desplazamiento de 170 familias (unas 673 personas).
“Además de las cerca de las 170 familias desplazadas en Arauca, el fenómeno ya empieza a sentirse en Norte de Santander, particularmente al municipio de Toledo a donde han llegado 24 familias”, denunció la Defensoría del Pueblo, que ha comprobado “una gran tensión por parte de las comunidades y temor porque las acciones de los grupos armados puedan generar más muertes”.
El pasado 2 de enero, organizaciones sociales y vecinos de zonas rurales de los municipios de Tame, Fortul, Arauquita y Saravena empezaron a reportar el hallazgo de cadáveres, y hasta la fecha ya ascienden a 33 los homicidios registrados por las autoridades en las últimas dos semanas.
Al principio se habló de un enfrentamiento armado entre el ELN y una disidencia de las FARC, el Frente 10, pero la Fiscalía aseguró que los disparos que tenían los cuerpos fueron hechos a corta distancia, por lo que se trataría de ejecuciones, muy probablemente obra del ELN.
“Persiste el temor de las comunidades, por esta razón estamos en el departamento de Arauca conversando directamente con las comunidades que han resultado afectadas por las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan las actividades ilícitas en la zona de frontera”, aseguró hoy el defensor del Pueblo, Carlos Camargo
Según expertos y autoridades, los asesinados serían miembros directos o de las redes de apoyo de las disidencias del Frente 10, dirigido por un antiguo mando medio de las FARC, Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias “Jerónimo” o “Arturo”, y que se cree que está coordinado por las nacionales de alias “Gentil Duarte”, o incluso familiares o vecinos.
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Tras estos hechos, organizaciones de derechos humanos denunciaron a principios de esta semana que las disidencias de las FARC han amenazado a líderes sociales y de Juntas de Acción Comunal de la zona, donde existe una red fuerte de tejido asociativo y sindicalista.
El 9 de enero, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denunció que fue lanzado un explosivo contra las instalaciones de la empresa comunitaria que gestiona el acueducto y el alcantarillado de Saravena, fundamental para el saneamiento de esta cabeza municipal. Efe
