El presidente Iván Duque, defendió este jueves una polémica ley aprobada por el Congreso con la que se busca fortalecer la seguridad ciudadana al asegurar que esa iniciativa “es contra los criminales”.
“Esta ley de seguridad ciudadana es contra los criminales. Y los que ahora salen a atacarla, pues me llama a mi mucho la atención: pareciera que a ellos lo que les gusta es ser contemplativos y generosos con los criminales”, dijo el jefe de Estado en el Fuerte Militar de Tolemaida
Le sugerimos leer: http://Oposición pide explicaciones del dinero pagado como recompensa por captura de ‘Otoniel’
La Ley, destacó Duque, tiene medidas como la prohibición del porte de armas blancas y la máxima restricción de uso de armas traumáticas, defendiendo el principio del monopolio de las armas en cabeza de la fuerza pública.
Manifestó que la norma es clara y decidida contra delitos, como el vandalismo y la destrucción de infraestructura pública.
Ver también: Presidente Duque aprueba proyecto de Ley de Acción Climática
“¿Cómo así que quemar un bus no es un acto criminal?, ¿Cómo así que bloquearles a las personas el acceso a la salud no es un acto criminal? Esta es una norma que fue aprobada por mayorías aplastantes en el Congreso de la República, porque el Congreso ha interpretado el sentimiento ciudadano”, expresó Duque que estuvo presentando el saludo de Navidad a los integrantes del Ejército.
La Ley de Seguridad Ciudadana, es calificada por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta. En esa dirección el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), consideró que lo aprobado es “un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”.
Le puede interesar: La propuesta de Petro a Uribe: “dejar de meter hijos de traquetos al Congreso”
Es por ello que él, junto a 18 congresistas más, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “constate el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social”.
