Cárcel para empleados de dos fundaciones de rehabilitación que al parecer torturaban a pacientes

Foto: Suministrada por la Fiscalía
Foto: Suministrada por la Fiscalía

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que desde el 24 de enero de 2020 hasta el pasado 23 de noviembre en las fundaciones Ría Nazareno y Proyectos Vida, ubicadas en el centro de Ipiales y la vereda San Francisco en Nariño, creadas por los hermanos Benítez Benavides como entidades sin ánimo de lucro, cuyo propósito era prestar servicios de rehabilitación a la población afectada por el consumo de drogas y alcohol, presuntamente sometían a los pacientes a tratos deplorables y diferentes tipos de tortura.

De acuerdo con las denuncias recibidas, estas dos fundaciones se convirtieron al parecer en centros de tortura, pues relatos de pacientes señalan que allí les realizaban prácticas de dolor y sufrimiento tanto físico como sicológico, indicándoles que eran métodos terapéuticos de recuperación.

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Se conoció que presuntamente los procesados les propinaban golpizas a los pacientes con tablas de madera, les aplicaban choques eléctricos con pistolas Taiser en varias partes del cuerpo, los encerraban de manera prolongada, los obligaban a ingerir alimentos descompuestos y tomar su
orina como bebida, consumir alimentos cocinados con jabón o detergentes, y los sometían a métodos de asfixia y ahogamiento.

Mediante engaños, los hermanos Benítez Benavides al parecer hacían requerimientos económicos a las familias de los internos, asegurando su plena recuperación, ofreciendo servicios que nunca fueron habilitados para su tratamiento.

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Por otra parte, se pudo determinar que los familiares hacían llegar a las dos sedes de los centros de rehabilitación dinero, alimentos, productos de aseo y camas para los pacientes; no obstante, estos nunca llegaron y aparentemente terminaron en manos de quienes operaban como tratantes.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Nariño, permitió la judicialización de 9 personas, entre creadores y empleados de dos
fundaciones y fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir con fines de tortura; fraudulenta internación en asilo, centro médico o
establecimiento similar; y actos de discriminación.