La Procuraduría General de la Nación señaló que, al acoger el concepto de esta entidad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicó que las Farc-EP sí incurrieron en el crimen de lesa humanidad de esclavitud, y que, en efecto, acudieron a trabajos forzados como manera de castigo, lo que hacía parte de la política de secuestro que tenían implementada en el país durante el Conflicto Armado.
“Luego de aceptar las observaciones hechas por la Procuraduría al macrocaso 01 que trata sobre la toma ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP precisó que “las Farc-EP cometieron otros crímenes de lesa humanidad de manera recurrente con las privaciones de la libertad”, tal como lo había argumentado el Ministerio Público”, dice en un comunicado.
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Para llegar a esta conclusión, la Procuraduría documentó más de 70 casos en los que las víctimas de secuestros fueron obligados a realizar trabajos forzados, siendo los más afectados por este fenómeno los campesinos y transportadores.
Según explicó la entidad, gracias a los relatos se logró establecer un patrón de conducta en el que las personas eran obligadas a transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo.
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“Así mismo, se documentó varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, ejerciendo atributos de propiedad sobre las personas”, señaló la entidad.
Por último, la Procuraduría resaltó que esta es la primera vez que se imputa este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población y que fueron cometidos por la extinta guerrilla.
