Cinco personas, incluido un político del partido gobernante y un socio de un empresario cercano al presidente Nicolás Maduro, han sido acusadas de lavado de dinero en relación con una presunta trama de sobornos en Venezuela, informó el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La acusación formal alega que los cinco – tres ciudadanos colombianos y dos venezolanos- lavaron las ganancias de un plan de soborno para obtener y retener contratos inflados a través de un programa estatal venezolano de distribución de alimentos conocido como CLAP.
Los cinco acusados son el colombiano Álvaro Pulido Vargas, de 57 años; el exgobernador regional venezolano José Gregorio Vielma-Mora, de 55; Emmanuel Enrique Rubio González, de 32 años y Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50, estos dos últimos también de Colombia; así como la venezolana Ana Guillermo Luis, de 49 años, dijo el Departamento de Justicia.
Pulido Vargas es socio comercial desde hace mucho tiempo del también empresario colombiano Alex Saab, quien es cercano al presidente venezolano y fue extraditado a los Estados Unidos el fin de semana para enfrentar cargos de lavado de dinero.
Pulido Vargas fue sancionado por el Departamento Tesoro de los Estados Unidos en 2019 y acusado junto con Saab ese mismo año por un supuesto plan de lavado de dinero. Rubio González es hijo de Pulido Vargas.
El Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Saab en 2019, acusándolo de ser un “especulador” que se enriqueció mediante contratos del programa de distribución de alimentos estatal.
Vielma Mora es un político del partido gobernante venezolano desde hace mucho tiempo que fue gobernador del estado andino de Táchira y ahora es diputado.
Entre 2015 y al menos 2020, conspiraron con otros para lavar el dinero de cuentas bancarias en Antigua, los Emiratos Árabes Unidos y otros lugares a través de cuentas de Estados Unidos, agregó el Departamento de Justicia.
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Según el Departamento de Justicia, el grupo recibió cerca de 1.600 millones de dólares de Venezuela y transfirió alrededor de 180 millones de dólares a través o hacia Estados Unidos.
Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima total de 100 años en prisión, dijo el Departamento. Reuters
