Después de cinco décadas, los cubanos podrán abrir pequeñas y medianas empresas privadas y hasta aspirar a contratar empleados, como parte de una serie de medidas de apertura económica que habían sido aplazadas por años.
A partir del Decreto-Ley 46, se reconocerán diferentes tipos de propiedades y participantes económicos llamados “actor que incide en la transformación productiva del país” y le darán la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL.
El decreto establece que los negocios más pequeños podrán tener desde uno hasta 10 empleados y los grandes hasta 100. Antes deberán inscribirse en el registro mercantil y ser aprobadas por el Ministerio de Economía. En la nueva disposición económica, el gobierno cubano permitirá todas las actividades, con algunas excepciones, como la edición de diarios o revistas, la educación o las relacionadas con profesiones como arquitectos o abogados.
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“Había un eufemismo para llamar al dueño de un restaurante cuando había contratado a 70 trabajadores. En la práctica ya era necesario crear sociedades legales. Creo que lo positivo de estas normas legales es que han llegado”, opina el economista Omar Everlenys Pérez.
Para algunos emprendedores como Carlos Gómez, dueño de “Wajiros Films”, una empresa productora audiovisual, las reformas son bien recibidas. “Esa tranquilidad de sentirme protegido y sentir que puedo hacer realidad mi sueño de tener una empresa aquí en mi país, en Cuba. Cualquier que sea el obstáculo, las dificultades, para mí es reconfortante”, agrega Gómez.
“Estaríamos más organizados porque después de haber pertenecido a una gran empresa- el Estado-, perteneceríamos a una empresa más pequeña, por lo que estaríamos más organizados, mejor administrados y tendríamos mejores funciones y resultados”, dice Yuliet Legrand, vendedora de joyas en La Habana.
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Las normas no son nuevas: habían sido eliminadas en 1968 en una ofensiva del gobierno comunista en contra de la propiedad privada. Los líderes cubanos siempre se mostraron en contra de la actividad económica privada, describiéndola como un mal necesario para brindar empleos y servicios que el Estado no podía atender.
Estas reformas llegan tras la crisis política que desató las protestas opositoras en julio, cuando miles de personas salieron a las calles en rechazo al desabastecimiento y los cortes de luz. En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de la isla retrocedió un 11 por ciento.
EFE
