Colombia calificó hoy como “artificial” y “sin fundamento” la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Nicaragua, que acusa a Colombia de no respetar la frontera marítima trazada por esta institución judicial.
“Nicaragua no pudo probar que sus barcos de pesca no hayan podido seguir pescando o que sus capturas hayan sido confiscadas”, dijo el representante de Colombia ante la CIJ, José Manuel Cepeda, a los magistrados del alto tribunal de la ONU en el segundo día de alegatos orales.
El proceso judicial tiene como origen una decisión del tribunal de La Haya en 2012 que confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe, pero que le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.
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En la presentación del pasado lunes, los abogados de Nicaragua expusieron “incidentes” que sufrieron barcos nicaragüenses con los guardacostas de Colombia y pidieron a la CIJ que le exija a Bogotá “garantías adecuadas de no repetición de hechos internacionalmente ilícitos”, dijo el agente de Managua ante la corte, Carlos Argüello.
Cepeda respondió hoy que “las actividades pesqueras de Nicaragua han aumentado exponencialmente” y que los “llamados incidentes” entre barcos de ese país y los guardacostas colombianos han ocurrido en “un mero 0,021% del total de jornadas de pesca realizadas por las flotas nicaragüenses”.
Por otro lado, Colombia ha presentado dos contrademandas contra Nicaragua que han sido aceptadas a trámite por la CIJ.
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En la primera, se asegura que Managua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular, de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.
Cepeda aseguró que guardacostas nicaragüenses han “intimidado” a la comunicad raizal e “interceptado sus modestos botes”, lo que supondría “una injusticia”.
Un exgobernador de San Andrés y Providencia, Kent Francis James, expuso ante los jueces que los raizales “siempre han navegado y disfrutado del producto del mar sin ninguna restricción de los límites políticos” y que para esta comunicad “el mar es el hogar, el refugio, el sustento y el apoyo”.
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En la segunda contrademanda, Bogotá acusa a Managua de “extender sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional” mediante un decreto de agosto de 2013, un año después del fallo de La Haya.
Según expuso Cepeda, Nicaragua “ha convertido 21.500 metros cuadrados de mar en aguas internas”, lo que violaría “los derechos y libertades de Colombia reconocidas en el derecho internacional”.
Para Colombia, Nicaragua no puede implementar el fallo de la CIJ de 2012 de forma unilateral, sino que ambos países deben ponerse de acuerdo mediante un tratado bilateral.
Cepeda aseguró que Bogotá y Managua se sentaron a negociar en diciembre de 2012, pero “Nicaragua decidió abruptamente terminar las conversaciones en 2015” por asuntos relacionados con su “política doméstica”.
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Recordó que la Corte Constitucional de Colombia ya ha dicho que la modificación de la frontera solo puede decretarse bajo “un tratado” entre los dos países, lo que sería una condición indispensable para poner en práctica el fallo de La Haya.
Las vistas orales continuarán este viernes con la intervención de los abogados de Managua, que responderán a las contrademandas de Bogotá, y concluirán la semana próxima. Los jueces se retirarán posteriormente para deliberar una decisión que, en un principio, se dará a conocer a lo largo de 2022.
Estos alegatos orales se desarrollan en paralelo a otra demanda de Nicaragua a Colombia que aún está en la fase de alegatos escritos. En ese caso, Managua le pidió a la CIJ que esclarezca los derechos y deberes de ambos países respecto a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa del mar Caribe. EFE
