El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció que durante una visita a la cárcel El Bosque de Barranquilla no le fue permitido el ingreso de cámaras para tomar evidencias de la situación general de derechos humanos de los reclusos y de manera particular de su situación de salud.
Durante su visita, sin embargo, aprovechó para hacer un llamado a la Fiduciaria Central, al Fondo Nacional de Salud de la Población Privada de la Libertad y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec), entidades encargadas de la prestación del servicio de salud en los centros carcelarios del país, para que de manera urgente solucionen los problemas de contratación del personal encargado de la atención para que no se vulnere el derecho a la salud de las personas que están privadas de la libertad.
La Defensoría del Pueblo informó la difícil situación que se vive en ese centro de reclusión por el cese de actividades, ante la falta de pago a los profesionales de la salud, lo cual se repite en la mayor parte de lo centros de reclusión del país, lo cual se ha venido agudizando en las últimas semanas.
“El acceso a la salud es requisito imprescindible, por lo cual es inadmisible que se interrumpa la atención médica por razones presupuestales o administrativas, pues esto vulnera los derechos fundamentales de los 1.743 privados de la libertad en la cárcel El Bosque y La Modelo de la capital del departamentos el Atlántico, al igual que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Salamina (Caldas) y Apartadó (Antioquia), donde no se han contratado los servicios médicos”, dijo Carlos Camargo.
“Hicimos un análisis en 33 establecimientos penitenciarios del orden nacional en los que se pudo constatar que por lo menos en el 45% se reportan demoras o faltas de pago de los honorarios de los profesionales de la salud, desde el primero de julio cuando el servicio quedó en manos de la Fiduciaria Central”, manifestó el Defensor del Pueblo.
Un informe de la Defensoría del Pueblo permite constatar que sólo en el 24% de los centros penitenciarios analizados, se presta el servicio de salud de manera continua los 7 días de la semana, las 24 horas. En el 45% se presta el servicio 8 horas al día; 18% presta el servicio 4 horas al día y el 12% de los centros de reclusión reportados no están prestando el servicio de medicina general por falta de contratación y pago de honorarios.
“Las entidades encargadas deben desplegar todas las acciones requeridas para que las personas privadas de la libertad puedan continuar con el acceso al servicio de salud de manera efectiva, oportuna, eficiente, integral y en igualdad de condiciones”, dijo el Defensor del Pueblo.
