Este jueves un juzgado de la ciudad de Barranquilla desestimó una tutela de Centros Poblados contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por improcedente.
La tutela interpuesta por Centros buscaba dejar sin sustento jurídico la caducidad declarada por la ministra Karen Abudinen en el polémico contrato de los 70.000 millones de pesos.
El juzgado explicó que la acción de tutela no es procedente debido a que la UT cuenta con otras acciones legales para pedir la nulidad de la declaratoria de la caducidad, como la la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Centros Poblados manifestó que la ministra Abudinen, con la declaratoria de caducidad del contrato, le violó su derecho al debido proceso.
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Por último, el juez también dejó sin piso la la medida cautelar de suspensión provisional de la declaratoria de caducidad emitida por el juzgado de Puerto Colombia.
