Dos funcionarias de la Policía Nacional fueron condenadas por exigir dinero para no provocar el retiro de un uniformado de la institución

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En el año 2013 la esposa de un patrullero de la Policia Nacional, denunció a la intendente Luzaida Sierra Rivera y la patrullera Karen Elisa Borja Rojas por hacerle exigencias económicas para que su esposo no fuese retirado de la institución policial

El hombre habría sido reubicado de su cargo en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la Estación de San Francisco, Cali, a raíz de la enfermedad de narcolepsia que le fue diagnosticada en 2010. Según la denunciante, luego de un mes de trabajo del patrullero en la oficina asignada, la intendente Sierra y la patrullera Borja se quejaron por la condición del uniformado y comenzaron a hacerle exigencias económicas a ella para que su esposo no fuese retirado de la institución policial, tras decirle que se encontraba inhabilitado y era incapaz de cumplir las funciones propias de su cargo.  

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Al poco tiempo las hoy procesadas, conocieron que la hija de la pareja víctima, estaba interesada en ingresar a la Policía Nacional, por lo que le ofrecieron un curso de inducción, por el que cobrarían $90.000 mensuales. 

Pero las exigencias con el tiempo aumentaron, de acuerdo con lo establecido, tales exigencias se volvieron continuas e incluyeron pasajes aéreos, vales de gasolina para sus vehículos, financiación de fiestas y regalos.  

Según las investigaciones, la intendente se apoderó de la tarjeta de la cuenta de ahorros de la esposa del patrullero, con la que hizo dos retiros: el 29 de julio de 2013 por $400.000 y el segundo, el 4 de agosto de 2013 por $200.000.  

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Luego de analizar el material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación, el juez 12 penal del circuito de Cali (Valle del Cauca) profirió sentencia condenatoria en contra de dos funcionarias de la Policía Nacional por haber incurrido en el delito de concusión. 

En el fallo se establece una pena de 8 años de prisión para la intendente Luzaida Sierra Rivera y la patrullera Karen Elisa Borja Rojas, así como el pago de una multa 66.66 salarios mínimos legales y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 6 años y medio.