El general (r) Mario Montoya Uribe le hizo un pedido formal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que el proceso que se lleva en su contra por la presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales, también llamados ‘falsos positivos’, perpetradas entre 2007 y 2008, se quede en el alto tribunal y no pase a la Fiscalía General.
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El pedido fue hecho por medio de su abogado, Andrés Garzón, quien envió un escrito a la JEP solicitando el inicio del proceso respectivo al conflicto de competencias para que este sea resuelto por la Corte Constitucional.
De acuerdo con los argumentos entregados por el apoderado, la justicia ordinaria no tiene la competencia para definir la situación jurídica de Montoya, pues las normas señalan que la Fiscalía no puede tomar decisiones en contra de aquellas personas que estén sometidas a la JEP, aunque sí puede investigar.
Para sostener su argumento, Garzón recuerda un auto de agosto de 2017 de la Corte Suprema en el que se explicó que, en casos similares como el de su defendido, la Fiscalía no podrá ordenar captura, interrogatorios, formulación de imputación, entre otras acciones.
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Hasta el momento la JEP no ha dado respuesta la solicitud con la que el general retirado del Ejército espera quedarse en el alto tribunal.
