La Fiscalía General de la Nación obtuvo la condena de 11 años y 3 meses de prisión en contra de Edson Emérito Sánchez Moreno, representante ilegal de varias fundaciones sociales en el departamento de Córdoba.
Sánchez es señalado de participar en corrupción, en donde se desviaron y apropiaron recursos destinados para la atención de la población desplazada.
De acuerdo a los materiales probatorios recaudados por el ente acusador, el sentenciado prestó su nombre para quedarse con dos contratos en la Secretaría de Córdoba, en los cuales contemplaban garantizar servicios integrales a las víctimas de desplazamiento forzado y prevención de factores de riesgo para las personas en condición de discapacidad.
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Dichos contratos celebrados entre 2012 y 2013, superaron el valor de 2.800 millones de pesos, con esto, la Fiscalía demostró que el representante de las dos fundaciones firmó facturas, hizo cobros y presentó soporte de consultas, reuniones o entregas de ayudas humanitarias inexistentes.
La Fiscalía comprobó que el contratista falsificó informes técnicos y de ejecución, para simular que estos contratos y servicios se cumplieron, asimismo, reportó una nómina de personal ficticia, que nunca estuvo vinculada.
Sin embargo, se reportó que parte de los recursos del contrato fueron destinados al pago de salarios y prestaciones sociales. Así como parte del dinero fue entregado a terceras personas que participaron en diferentes maniobras ilícitas detectadas.
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En ese sentido, un juez del Circuito Penal Especializado de Montería lo declaró responsable de los delitos de: peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir agravado.
Ante esto, Edson Emérito Sánchez Moreno aceptó su responsabilidad en los hechos delictivos que se le atribuyen. El fallo ordenó el traslado del sentenciado a un centro carcelario para que se haga efectiva la condena.
Asimismo, impuso multa de 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad de 135 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
