Políticos y organizaciones del exilio ven como un primer paso las sanciones anunciadas este jueves por el presidente estadounidense, Joe Biden, contra el Gobierno de Cuba, pero pidieron más, comenzando con internet para el pueblo cubano que se manifiesta desde el pasado 11 de julio.
Aunque el exilio cubano agradeció al presidente por las sanciones, fueron consideradas insuficientes ante las denuncias de juicios falsos y desapariciones forzosas en la isla, especialmente de jóvenes manifestantes.
“Es un buen primer paso de Biden, pero no es lo suficientemente cerca. Biden debe comprometerse a mantener intacto el embargo, prohibir las remesas y crear acceso a internet para los manifestantes cubanos”, indicó el congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez.
El Gobierno de Biden anunció hoy sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera, y contra una unidad militar de élite conocida popularmente como “avispas negras” o “boinas negras”.
“Si bien esto es un buen comienzo se debe hacer más, debe trabajar para proporcionar acceso inmediato y sin censura a internet”, señaló la congresista cubanoestadounidense María Elvira Salazar.
Por su parte el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien ha dicho que una intervención militar no debe ser descartada, señaló hoy a la prensa que adoptaron una resolución en la que urgen al presidente Biden a “tomar todas las acciones necesarias para ayudar al pueblo de Cuba a conseguir la libertad”.
Por su parte, el grupo del exilio Movimiento Democracia publicó las “seis” medidas claves para ayudar a los manifestantes en la isla.
Estas comienzan con “habilitar capacidad de conexión a internet para el pueblo de Cuba para empoderar al pueblo con capacidad para recibir información, enviarla y comunicarse entre sí.” El grupo subrayó que esto incluye invitar a las diversas embajadas a activar la capacidad “wifi” abierto para que los cubanos se conecten.
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Potenciar la señal de Televisión Martí y ampliar el poder de Radio Martí, técnica y también presupuestalmente para que sea más efectivo en recibir y difundir las voces de la sociedad civil.
Sancionar a los represores personal e individualmente bajo la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, dirigida a imponer sanciones políticas y económicas contra agentes involucrados en abusos graves. Efe
